Pese al aumento de los castigos penales, pecuniarios y de otra índole, las tragedias causadas por personas que conducen bajo los efectos del alcohol o las sustancias estupefacientes continúan registrándose.

Durante la Semana Santa se reportaron varios casos en distintas partes del país, en los que vehículos cuyos conductores estaban ebrios causaron graves accidentes que dejaron peatones, ciclistas, pasajeros y motociclistas fallecidos o heridos.

Resulta difícil de entender que a estas alturas todavía haya personas irresponsables que deciden manejar bajo los efectos del licor u otras sustancias. Los videos de varios de los accidentes dejan ver a las claras que se desplazaban a grandes velocidades, violando otro gran número de normas de tránsito, pero sin que hayan sido detectados a tiempo.

En no pocos casos estos irresponsables terminan, minutos y horas después de los siniestros, llorando y pidiendo perdón. Es decir, que no solo sufren las víctimas y sus familias, sino también los propios conductores y sus seres queridos, que ahora tendrán que afrontar acusaciones penales muy graves que significan condenas muy altas.

Igualmente, en la reconstrucción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los accidentes, se descubre que los conductores venían de reuniones familiares o con amigos, pero allí no se les impidió ponerse detrás del volante. Este es un tema que debe ser analizado con mayor profundidad, ya que si bien cada quien asume las responsabilidades por sus actuaciones, muchos siniestros podrían evitarse si quienes advierten el riesgo de un conductor borracho actúan con mayor decisión para frenarlo o, al menos, reportarlo rápidamente a las autoridades con miras a detenerlo a tiempo, salvaguardando su vida y la de los demás.

Preocupa también que en algunos casos la indignación de la ciudadanía lleva a que los causantes de los accidentes sean agredidos por familiares de sus víctimas o personas que acuden al lugar del siniestro en pos de prestar algún tipo de auxilio. Cada vez es más recurrente que la ciudadanía trate de incurrir en la mal llamada ‘justicia por propia mano’, que no solamente constituye un delito sino que, entre otras consecuencias, desemboca en que el conductor o la conductora en estado de ebriedad termine siendo remitido a establecimientos médicos para ser atendidos por las heridas causadas en los intentos de linchamiento, en lugar de ser llevados a las instalaciones de Medicina Legal para los respectivos exámenes de alcoholemia, que son pieza vital de los procesos judiciales en su contra.