* Dos informes que disparan más alarmas
* Una política gubernamental en contravía
Las exportaciones de petróleo y gas constituyen alrededor de la tercera parte de las ventas externas de nuestro país. Igualmente, son la mayor fuente de divisas, impuestos y regalías. A esto se suman las transferencias de Ecopetrol a la nación, que a finales del año pasado se calculaban en 53 billones de pesos por todo concepto.
Sin embargo, el panorama petrolero y gasífero continúa complicándose, no solo por tensiones geopolíticas y condiciones volubles del mercado global de combustibles de origen fósil, sino por los efectos de la controvertida política gubernamental colombiana en torno a no suscribir nuevos contratos para la exploración de hidrocarburos.
De hecho, en el Plan Financiero para este año, revelado en febrero pasado, el Ministerio de Hacienda advertía que después de alcanzar niveles cercanos a los 100 dólares por barril en 2022, el precio promedio del crudo en 2023 fue de 82 dólares y para este 2024 la proyección es de 78 dólares, aunque en el Presupuesto General se pronosticó en 83 dólares. Para 2025, según el proyecto de gastos de funcionamiento, servicio a la deuda e inversión, radicado ya en el Congreso, el cálculo es de 80 dólares.
Es decir, que se prevén menores ingresos fiscales y tributarios por este concepto. Un elemento adicional a los efectos económicos del fallo de la Corte Constitucional que, en mayo del año pasado, declaró inexequible un artículo de la reforma tributaria −aprobada en diciembre de 2022− que prohibía deducir lo pagado por regalías de la base gravable del impuesto sobre la renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Esto significó, como se sabe, un descuadre billonario en las arcas gubernamentales. A ello debe sumarse que, sin conocerse los datos del primer semestre de 2024, las utilidades de Ecopetrol cayeron entre enero y marzo pasados un 29,1%.
Este complejo escenario se confirma en dos informes recientes que disparan aún más la preocupación. Por un lado, la Cámara Colombiana de bienes y servicios de petróleo, gas y energía (Campetrol) advirtió que entre abril y mayo de este año, la industria del crudo registró una reducción de 5,5% en la actividad de taladros, así como de 13,6% en la perforación de pozos de desarrollo, ello explica por qué la producción de petróleo perdió 2.121 barriles por día (-0,3%) en el referido lapso. Esta coyuntura, además del impacto negativo en materia tributaria y de dinamismo económico transversal en las regiones, se habría llevado por delante 27.000 empleos sectoriales.
Por otra parte, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas alertó que mientras el mundo retomó “el impulso a las inversiones en la industria de hidrocarburos a niveles que no se veían desde 2011, y en el cual Latinoamérica se consolida como un jugador protagónico”, en Colombia, que tiene potencial para continuar siendo autosuficiente en ambos combustibles, la proyección de las inversiones tiende a la baja y, por ende, sus reservas.
Las cifras son contundentes: en 2023 en el país se invirtieron 1.050 millones de dólares en exploración de petróleo y gas, un 19% menos que en 2022, principalmente debido a retrasos en trámites ambientales y el efecto de bloqueos a las operaciones e inseguridad regional. En producción, a su turno, se invirtieron 3.780 millones de dólares, un 5% más que en 2022. Sin embargo, para 2024 se estima una inversión total en exploración y producción de hidrocarburos de 4.600 millones de dólares, lo cual implica una caída del 5% frente a 2023. A ello se suma que se han perforado solo 11 de los 40 pozos exploratorios proyectados, indicando que la meta de inversión en este campo no se cumpliría. En cuanto a producción, en petróleo se estima un promedio de 780-790 mil barriles diarios de crudo.
El escenario en materia de reservas es aún más difícil. Según la citada Asociación, las de gas han caído un 58% en los últimos 12 años (de allí que, como lo advirtió Naturgas, habría que aumentar las importaciones (y tarifas) entre 2025 y 2026), en tanto que las petroleras también están a la baja. Incluso se estima que entre 2027 y 2035 dejarían de entrar a las arcas de la Nación no menos de 40 billones de pesos por menos recaudo de impuesto de renta, regalías, derechos económicos y otros aspectos.
Como se puede ver, el panorama de la industria de los hidrocarburos es cada día más crítico y las posibilidades de una recuperación a corto plazo no se vislumbran mientras se mantenga una política gubernamental claramente en contravía de su desarrollo y fortalecimiento. Esto implica no solo perder autosuficiencia y soberanía energéticas, con el consecuente coletazo inflacionario que pagarán todos los hogares, sino un menor ingreso de recursos a la nación, agravando la crisis fiscal y disminuyendo más la inversión social en medio de una economía que sigue descolgándose y apenas si crecería 1,5% este año.