El creciente número de profesores de instituciones públicas y privadas que han sido denunciados e incluso investigados o incluso ya condenados o sancionados por situaciones de acoso y abuso sexual a sus alumnos, es una situación que debe llevar a que se abra un debate de fondo en torno a qué es lo que está pasando en las aulas y cuáles deberían ser los correctivos de fondo que se deben aplicar para que los entornos educativos sean espacios verdaderamente seguros para los estudiantes.

En primer lugar, no estamos hablando de casos aislados o esporádicos, lamentablemente. De hecho, en mayo pasado la Procuraduría General emitió un informe según el cual 191 funcionarios, entre docentes y administrativos, habían sido destituidos o inhabilitados por estar involucrados en presuntos casos de violencia sexual contra estudiantes de colegios públicos en el país. A ello se suma que para esa fecha un total de 237 procesos se encontraban activos por situaciones de acoso o abuso sexual de funcionarios de entornos educativos contra menores de edad. Faltan datos de las instituciones privadas.

Lo que más impacto de la alerta del ente de control fiscal es la advertencia de que la mayoría de los procesos que se encontraban en curso eran por situaciones de acoso y actos sexuales abusivos en menor de 14 años cometidos presuntamente por docentes que, en algunos casos, seguían dictando clases o continuaban vinculados a la institución educativa.

¿Qué hacer? Una primera solución es que todas las escuelas, colegios e instituciones de educación superior implementen, de manera ágil y de fácil acceso, los protocolos y hojas de ruta que se han establecido por vía legal y reglamentaria para que las víctimas de esta clase de agresiones puedan denunciar a tiempo y que las autoridades, en todos los niveles, tomen las decisiones del caso. Dicha reacción efectiva tiene dos objetivos primarios. El primero, suministrar mecanismos eficaces de protección a los estudiantes que eviten que sean victimizados o revictimizados. Y, segundo, que se active una acción interinstitucional eficaz que lleve a la contundente judicialización del agresor, alejándolo de los entornos educativos mientras se llevan adelante los procesos penales, disciplinarios y administrativos correspondientes.

Sin embargo, también resulta imperativo que desde las universidades que gradúan a los profesores y demás recurso docente se analice si están siendo efectivos los filtros psicológicos y de cualificación pedagógica para evitar que se les dé título y autorización para enseñar a potenciales depredadores sexuales.