* El imperio del derecho

* La política debe ser pacífica

Colombia atraviesa por uno de esos momentos en los cuales se dan situaciones encontradas. Tenemos un sistema democrático que ni en Suiza o Dinamarca podría funcionar. Lo que sorprende es que nuestro país resista el grado de inseguridad jurídica al que hemos retrocedido al punto de avanzar al abismo por la inoperancia de las instituciones democráticas. Nuestros legisladores creyeron que entre más cortes e instancias judiciales, más rápido nos convertiríamos en un modelo de democracia en el mundo. Sin percatarse de lo que vendría décadas después, ya por los años setentas Darío Echandía explicaba que “la crisis de la justicia se debía en gran medida a la supina ignorancia de muchos de los jueces y funcionarios públicos, que se graduaban en algunas universidades sin tener un verdadera formación jurídica”. Echandía no opinó sobre la flamante Constitución de 1991, por cuanto había muerto una década antes. Lo cierto es que apenas en unas pocas universidades colombianas se imparte una formación en derecho intelectual y ética, que produzca profesionales capaces de convertirse en juristas con el ejercicio de la profesión y la reflexión de años. La sabiduría que debe tener un jurista no se improvisa, se le pueden enseñar a los jóvenes unas leyes, su interpretación y la historia de las mismas, lo mismo que explicar los códigos, que algunos se ufanan de repetirlos de memoria, sin que por eso surja el jurista probo, talentoso y notable.

Al jurista, como el político, le corresponde enfrentar situaciones sociales mutantes, por lo que debe tener un gran conocimiento de la sociedad en la que vive, pues en esta donde se aplican las reformas judiciales y de los códigos, donde se hace justicia... En Roma no se nombraba pretores imberbes. Por lo que no siempre la copia al calco de leyes y trozos de constituciones foráneas, que, posiblemente, en otros países de cultura y evolución diferente, resultaron positivas, aquí no consiguen el objeto para el cual se aprobaron.  Elementos con una visión miope y micro de la política no pueden pensar en  soluciones generales de alto vuelo. Es el caso de aquellos que piensan, con esa visión microscópica de la política, que es factible desconocer la Constitución y las leyes en el gobierno de las ciudades, para involucionar a los tiempos en donde los alcaldes obraban al imperio de su voluntad, ignorando la conveniencia nacional y  la opinión de los más. Esa visión aldeana de la política municipal, no se corresponde a los problemas que agitan las grandes ciudades y reclaman solución e intervención inteligente de la autoridad y las comunidades. Urbes que pasan de varios millones de habitantes, requieren de consagrados  políticos y administradores con una visión universal de los problemas.

El mejor servicio que le pueden prestar a la sociedad los funcionarios públicos es respetar el orden, el sistema de leyes que los obliga a obrar de acuerdo a las mismas. Lo alcaldes que han sido elegidos popularmente no son señores feudales que pueden hacer a capricho lo que les venga en gana, ignorando la Carta Política y los códigos. Los alcaldes elegidos popularmente gozan de las garantías que tienen los funcionarios públicos en el país, en tanto no desconozcan el ordenamiento jurídico. Lo mismo que aquellos que están en la oposición al gobierno nacional o en contra de los locales, deben gozar de las mismas prerrogativas. Como afirma el jurista alemán: “Toda política es, al fin y a la postre, política estatal. Únicamente el orden estatal acierta a constreñir el acatamiento de toda la población”. En reciprocidad los funcionarios públicos deben respetar las normas y los fallos judiciales, así los amparen las mismas garantías procesales de las que gozan todos los colombianos. Lo contrario es el desorden, la anarquía y la disolución de la democracia.

Y para que impere el derecho es preciso que los funcionarios públicos cumplan sus deberes a cabalidad. El derecho a la defensa no incluye la potestad de insultar a los magistrados, ni valerse de  algunos funcionarios proclives a ensuciar la toga, retorciendo las normas para satisfacer intereses vitandos... El primer deber del político, que en Colombia se ignora con demasiada frecuencia, es el servir  a la sociedad y el pueblo que los eligió. La política no es el arte de desquiciar el orden para desconocer el imperio de la ley. Por lo tanto, la macropolítica, por ser la expresión más noble de la inteligencia, es pacífica en sus propósitos, en su ejercicio y en sus objetivos, que se centran en  procurar que impere el bien común y el orden.