Si bien es cierto que los entes de control tienen todas sus capacidades técnicas, humanas y tecnológicas enfocadas en la recta final de la campaña electoral, también deben alistarse para ponerle la lupa a lo que serán los últimos dos meses de mandato de los salientes gobernadores y alcaldes.

Como se sabe, desde finales de agosto está rigiendo la Ley de Garantías Electorales que impide que las administraciones regionales y locales puedan firmar contratos y convenios, hacer movimientos de nómina, inaugurar obras y otra serie de actuaciones oficiales.

Sin embargo, una vez pasen los comicios del 29 de octubre próximo, a los gobernadores y alcaldes les quedarán dos meses para el cierre de sus respectivos periodos. No obstante, para nadie es un secreto que en el remate de las administraciones se suele presentar un alud de contratos de última hora, nombramientos y toma de decisiones que, no en pocas ocasiones, están dirigidos a dejarle, como se dice popularmente, la ‘olla raspada’ o las ‘manos amarradas’ a los sucesores.

De igual manera, como lo han demostrado múltiples procesos penales, fiscales y disciplinarios, el alud de actuaciones de última hora no está exento de prácticas corruptas, politiqueras e incluso de la lesiva tendencia a comprometer los recursos oficiales a largo plazo, mediante la creciente y controvertida figura de las vigencias presupuestales futuras.

De hecho, se pueden contar por centenares las condenas y sanciones que se han impuesto a gobernadores y alcaldes, así como a altos funcionarios de sus respectivas administraciones por lo que se hace en las últimas semanas, días o incluso horas de los mandatarios salientes.

Visto todo lo anterior, resulta claro que se requiere una supervigilancia de los entes de control sobre el cierre de los actuales mandatarios. Hay que ponerle el ojo a todos los contratos, nombramientos y decisiones que se tomen entre noviembre y diciembre, más aún en momentos en que en muchas administraciones departamentales y municipales lo que asoma no es un continuismo de grupos políticos o corrientes partidistas, sino un cambio drástico al respecto.

La cuestión es más complicada si se tiene en cuenta que a nivel de los municipios se está llevando a cabo en estos momentos el proceso de elección de los personeros, que, si bien está a cargo de los concejos, es claro que tiene componentes políticos innegables, en donde las administraciones salientes y entrantes juegan un papel.

Como se ve, una vez culmine el proceso electoral, Procuraduría, Fiscalía y Contraloría tendrán otra misión de vigilancia urgente y al centímetro en pos de proteger la cosa pública.