La  lucha contra el narcotráfico siempre está imbuida en debates sobre su eficacia, los modelos de combate e incluso cuál debe ser el enfoque que no sólo en Colombia sino en todo el mundo debe priorizarse para acabar con este flagelo. Es más, precisamente en reciente sesión de Naciones Unidas el Ministro de Justicia de nuestro país hizo una profunda disertación sobre la postura del Gobierno al respecto y cuáles son las bases de la solicitud para que desde el seno del máximo ente multilateral se abra un debate global al respecto, ratificando, de paso, que Colombia nunca ha bajado ni bajará la guardia en la lucha contra los carteles y todo el universo delictivo derivado, tarea en la que nuestra nación es ejemplo de valentía, eficacia y persistencia en nivel orbital, no sin un alto costo en vidas y esfuerzo económico.

Pero mientras avanza ese debate sobre nuevas ópticas en el combate al tráfico de estupefacientes en todas sus cadenas, la guerra contra los narcotraficantes es indeclinable. Y en ese marco es necesario resaltar las conclusiones de las recientes entrevistas del Ministro de Justicia con autoridades judiciales y gubernamentales de Estados Unidos,  en especial con el fiscal general Eric Holder.

Uno de los asuntos de análisis fue precisamente la necesidad de evaluar cómo está funcionando la extradición de nacionales colombianos para ser juzgados por la justicia norteamericana. Es claro que en los últimos tiempos en Colombia este tema ha generado múltiples controversias, sobre todo por parte de quienes insisten en que esta herramienta, clave en la colaboración judicial internacional, no tiene ni produce ya el mismo temor y efecto disuasivo entre quienes incurren en tráfico de drogas. Es casi vox populi que muchos capos y cabecillas emergentes y cíclicos de carteles prefieren entregarse a la justicia norteamericana, teniendo como objetivo primario negociar con fiscales y jueces para lograr una baja condena, ofreciendo a cambio entrega de bienes así como develación de rutas y cómplices. Es más, no son pocos los casos en donde señalados y peligrosos jefes del narcotráfico terminan convertidos en Estados Unidos en testigos estrella contra otros capos, accediendo incluso a beneficios como excarcelación, residencia y nueva identidad en ese país.

Sería apenas ingenuo desconocer el desconcierto que produce el hecho de que el esfuerzo de las autoridades colombianas por capturar y extraditar a estos señalados delincuentes, termine en bajas condenas para los mismos en Estados Unidos. En algunas ocasiones las llamadas ‘mulas’ o correos humanos que se arriesgan a llevar droga a ese país, reciben penas más altas que los cabecillas que fueron remitidos por la justicia de nuestro país.

Igualmente se ha insistido en la necesidad de que haya más claridad en cuanto a las garantías que debe tener el Estado colombiano para que cuando los extraditados cumplan sus condenas en ese país, puedan ser rápidamente deportados al nuestro, con el fin de que afronten aquí los procesos pendientes, obviamente por delitos distintos a los ya juzgados.

Esa revisión del marco general de la extradición se hace más urgente en momentos en que en Estados Unidos hay gran debate por la reciente propuesta de flexibilización penal, que permitiría que condenados a bajas penas por delitos como narcotráfico puedan salir de prisión o cumplir con otras penas alternativas.

Saludable, entonces, que se aborden todos estos temas entre dos naciones que han sido las mayores aliadas en la lucha contra el narcotráfico. Hay que buscar nuevos puntos de coincidencia y cooperación para que los esfuerzos policivos, militares y judiciales no se queden a medio camino o, peor aún, que los castigos penales que se impongan no sean lo suficientemente drásticos y ejemplarizantes para evitar que otros quieran suceder a los capos que van cayendo.