Una vez más está bajo la lupa el manejo presupuestal por parte del Gobierno nacional. En esta ocasión es la Procuraduría General la que le pide cuentas al Ministerio de Salud respecto a la asignación de recursos de la vigencia 2024, especialmente en lo relacionado a nada menos que siete billones de pesos.

El Ministerio Público advierte, por ejemplo, que debe aclararse a qué se direccionaron no menos de cinco billones de pesos que están bajo la motivación de “apoyo a programas de desarrollo de salud ley 100 de 1993”.

Un asunto de semejante cuantía debe ser esclarecido en el término de la distancia, a tal punto que se le dio a la cartera de Salud un plazo de 10 días hábiles para ello.

Mientras se espera la respuesta, debe traerse a colación que ya en el Congreso algunos parlamentarios han advertido que el Gobierno está tratando de aplicar, anticipadamente y por vía administrativa y reglamentaria, algunos de los cambios que plantea el cuestionado proyecto de reforma a la salud, que un año después de su radicación continúa trabado en el Legislativo debido al modelo anacrónico, politizado y disfuncional que propone.

Varios congresistas cuestionan que se está destinando un presupuesto sin antecedentes para el fortalecimiento de hospitales y centros de salud públicos, en lo que parece ser una especie de ‘cuota inicial’ de la estructura de sistema que plantea el mencionado proyecto de ley que hoy cursa en la Comisión Séptima del Senado, en tercer debate.

A ello debe sumarse que el propio presidente Petro anunció hace dos semanas que se empezarían a hacer pagos anticipados a la red prestacional que atiende a los afiliados a las EPS que “controla” el Estado. No se trata de una medida de bajo impacto, ya que, en este momento, si se suman los afiliados a las EPS públicas, mixtas y de las que están intervenidas, se llega un global de 20 millones de personas, es decir más del 40% de la globalidad del esquema de aseguramiento en salud.

Habrá que esperar, entonces, qué responde la cartera del ramo a la Procuraduría, no solo para determinar si la destinación de recursos bajo la lupa se hizo de manera acorde con las normas presupuestales y el principio de legalidad, sino para establecer si el Gobierno está incurriendo en alguna irregularidad política e institucional al tratar de aplicar unilateralmente procedimientos que hacen parte de un proyecto de ley que todavía está en discusión.