* El prioritario y creciente gasto social
* En búsqueda de sostenibilidad fiscal
La ley más importante que cada año le presenta el gobierno de turno al Congreso es la del Presupuesto General de la Nación. Toda la gestión del Ejecutivo se debe enmarcar dentro los parámetros (tanto de los ingresos esperados como de los gastos autorizados) que contiene el marco legal anual de rentas y apropiaciones. Esta semana, la Casa de Nariño cumplió con ese requisito, dentro de los plazos señalados por la Constitución, con miras a la vigencia de 2022.
En esta ocasión la iniciativa tiene una especial significación. Es, de una parte, el último presupuesto que ejecutará la administración Duque. Y, de otra, es un proyecto que se presenta marcado por la impronta de la pandemia y de los gastos contracíclicos que ha demandado la atención de la emergencia sanitaria, social y económica mayúscula que aún vivimos.
En segundo término, la discusión de esta iniciativa de gastos para el 2022 se adelantará de forma paralela al debate al proyecto de ley de Inversión Social o reforma tributaria que el Ministerio de Hacienda radicó el pasado 20 de julio, en el arranque de esta última legislatura.
Como se sabe, ambos proyectos están estrechamente vinculados en sus fundamentos macroeconómicos. Y, por lo mismo, lo que se decida con relación a la iniciativa presupuestal debe guardar estricta armonía con lo que se propone en la impositiva.
El monto total del presupuesto para el año entrante asciende a $350,4 billones. Sin considerar el servicio de la deuda, el proyecto asciende a $272,3 billones, de los cuales $62,2 billones corresponden a inversión y $210,1 billones a funcionamiento.
Este presupuesto es, en cierta forma, de transición. Lo anterior porque, de una parte, contempla la continuidad y aún la profundización de los gastos de carácter social que están en marcha, el principal de los cuales es el denominado Ingreso Solidario. Pero, al mismo tiempo, la iniciativa da comienzo a una gradual reducción del déficit público y del endeudamiento que hubo necesidad de contraer una vez se hicieron evidentes los estragos que sobre el crecimiento económico, el empleo y los niveles de pobreza causó la pandemia que comenzó en marzo del año pasado en nuestro país.
Por eso el mismo mensaje presidencial que acompaña este proyecto de presupuesto y las múltiples intervenciones del Ministro de Hacienda al respecto coinciden en que durante el 2022 habrá necesidad de continuar con un programa de gasto público deficitario de carácter contracíclico. Y, por lo tanto, la reducción del déficit público y los niveles del alto endeudamiento actuales apenas comenzarán una moderación paulatina a partir de 2023.
Precisamente por ello, en el proyecto de presupuesto se indica que el déficit primario (sin tomar en cuenta el pago de intereses de la deuda pública) será de -5,3% en el 2021 para transitar gradualmente hacia un superávit de +0,6 % del PIB en 2032.
Es decir, el ajuste no será brusco. De allí que el grueso de las economías en los gastos de funcionamiento se le hayan dejado al próximo gobierno, el mismo que deberá comenzar su gestión en agosto de 2022 con una nueva reforma tributaria pues, como lo ha advertido la propia administración Duque, apenas se está haciendo un ajuste equivalente a dos tercios de lo que se requiere.
Por ello, al nuevo Ejecutivo le corresponderá estrenarse con una reforma restrictiva del gasto público y más impuestos para poder completar así el objetivo de alcanzar la sostenibilidad fiscal.
Hay que destacar que el proyecto de Inversión Social que ya se discute en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara revive la Regla Fiscal que hubo necesidad de suspender durante las vigencias de 2021 y 2022. Esta “camisa de fuerza” era imposible mantenerla con los abultados gastos imprevistos y la escalada del endeudamiento estatal que la emergencia exigió. De hecho, muchos países que tienen figuras parecidas también la dejaron de lado por la misma circunstancia de la crisis pandémica.
Así las cosas, a partir de 2023 entrará a regir una nueva ley de responsabilidad fiscal que, a diferencia de la anterior, tendrá como muralla de contención parámetros de endeudamiento y no solo de déficit. Esta novedad les debe dar tranquilidad a los observadores del mercado en el sentido de que Colombia -siempre y cuando el nuevo gobierno respete lo que ahora se le está proponiendo al Congreso- no ingresará por tortuoso camino del populismo fiscal. Una garantía clave para seguir manteniendo la confiabilidad y seriedad del país en materia macroeconómica, un activo de valores incalculables.