- Nuevos directores en las CAR
- La depuración integral del sistema
En la última década, las nociones fundamentales de la ecología y el tema crucial del medio ambiente han adquirido una importancia inusitada en Colombia.
Por eso, la elección clave de los directores de los organismos regionales correspondientes, llevada a cabo en estos días, debería servir no solo en el propósito formalista y administrativo de cumplir con las atribuciones de ley, sino también para señalar objetivos conjuntos y de mayor alcance a los simplemente derivados del otorgamiento de licencias locales, el recaudo de las tarifas autorizadas y las acciones sancionatorias respectivas.
Es decir, al mismo tiempo de cumplir las funciones habituales, estas entidades deberían elevarse por sobre su oficio rutinario para convertirse, como también corresponde al espíritu normativo, en el eje por excelencia del Sistema Nacional Ambiental con miras a una protección coordinada en lo que, incluso, podría derivarse de varios distritos ecológicos del país que se crearían en este objetivo.
Desde luego, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) tienen un papel fundamental dentro de la estructura del Estado. La opinión pública no suele registrarlo en la dimensión e importancia que les adscribe la Constitución y apenas si se tiene conocimiento de ellas cuando se produce algún escándalo de corrupción, se abre una investigación disciplinaria o surgen debates ciudadanos intempestivos sobre determinada licencia ambiental. De resto, muchas veces pasan desapercibidas pese a que en la mayoría de ocasiones cumplen su labor a cabalidad; preservan debidamente los recursos naturales, inclusive contra todo tipo de acechos y peligros; y actúan en consonancia con los rigores que muchos de los interesados rechazan de los costos naturales de una política pública dirigida hacia el desarrollo sostenible.
En efecto, en un país signado por la devastación ecosistémica y la deforestación causada por los cultivos ilícitos y la tenaza del narcotráfico; en una nación donde la minería criminal aprovecha la deserción de la autoridad en ciertas regiones y comporta igualmente una depredación insólita sobre los recursos hídricos, consiguiendo a su vez un gigantesco lucro ilegal, aun por encima del tráfico de opiáceos y alcaloides; además, en un terreno soberano compuesto por más de 60 millones de hectáreas de reservas forestales, donde en la misma dirección de lo anterior, campea el contrabando de madera sin contención de mayores proporciones en las carreteras nacionales; en suma, en un escenario de semejantes dificultades, las CAR deberían a todas luces ser fortalecidas, si es que en verdad quieren ser preservadas como el instrumento activo y directamente desplegado en el territorio nacional en virtud de continuar e incrementar la defensa de la compleja ecología colombiana.
En esa perspectiva no se trataría, naturalmente, solo de intentar reformas legislativas originadas en la catástrofe ambiental de 2010-2011, en cierta medida producto del cambio climático y especialmente de las incidencias de las corrientes marítimas encontradas del Pacífico. Para esa ocasión y luego a raíz de otros proyectos que se han intentado presentar al Congreso, desde entonces a hoy, lo que a la larga se ha pretendido en las distintas propuestas es una centralización regresiva, no necesariamente conveniente dentro del criterio de sistema que se quiere para la salvaguarda del medio ambiente. Por supuesto, las CAR deben ser depuradas de toda corrupción y politiquería, aumentar la participación de la sociedad civil, incrementar la pedagogía ciudadana, actuar decididamente sobre las contingencias del cambio climático, amparar los ecosistemas -tanto los sanos como los que están en riesgo de extinción-, controlar la contaminación y el uso del agua, y proceder contra los fenómenos ilícitos que depredan la naturaleza porque, por decirlo así, con la conducta lesiva de sus detentadores y los que lo permiten también se ha declarado la guerra al patrimonio ambiental de todos los colombianos. Para ello, por descontado, el requerimiento es una mayor fortaleza funcional de las corporaciones ambientales antes que una eterna discusión por su estructura y los zarpazos centralizadores.
De otra parte, es buena cosa que nuestro país aparezca, en la clasificación global de EPI de las universidades de Yale y Columbia sobre desempeño ambiental, bien posicionado frente a la mayoría de países latinoamericanos, seguramente por la variedad de acciones en la década reciente. En principio, ello podría haberse dado por una actividad integral del Estado, en la que las CAR también han jugado un papel activo. Colombia, a diferencia de muchas naciones, tiene una matriz energética limpia; incide poco en los rubros de gases de efecto invernadero globales causantes del cambio climático; y ha venido adelantado una labor auspiciosa en cuanto a las áreas protegidas… Todo ello para señalar solo algunos ítems centrales. Aún así, está lejos del desempeño de los llamados países desarrollados.
Sin embargo, sería un exabrupto satisfacerse con estos índices, por cuanto la degradación ambiental está, en muchos casos, a ojos vista. Es ahí, justamente, donde se deben fortalecer las CAR. Sea la designación de los nuevos directores una oportunidad, pues, para generar un sistema institucional más fuerte y avanzar en los difíciles retos que se enfrentan. Lo contrario sería hacer oídos sordos a los sonidos y alarmas del futuro ambiental, que hace tiempo tocan la puerta.