* Vicios proselitistas de nueva y vieja data

* Falencias advertidas y no neutralizadas

En dos semanas la ciudadanía debe asistir a las urnas para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Sin embargo, el remate de la campaña electoral ha sido muy complicado por distintas circunstancias, algunas de ellas advertidas desde hace varios meses pero que no han logrado ser neutralizadas de manera efectiva por la Organización Electoral, las autoridades gubernamentales, entes de control, así como por las Fuerzas Militares y de Policía.

Por ejemplo, la violencia e intimidaciones contra candidatos y partidos continúa presentándose en varias regiones, ya sea por parte de grupos armados ilegales (algunos de los cuales se supone están en cese el fuego), facciones de delincuencia común o incluso grupúsculos de corrupción y politiquería a nivel local y regional. Los mapas de riesgo de la Registraduría, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, la Misión de Observación Electoral y otras instancias indican que hay no menos de doscientos municipios con alertas prendidas. El Comité de Garantías Electorales se ha visto claramente desbordado por el alud de alarmas al respecto.

De otro lado, se multiplican las denuncias sobre maniobras de trasteo y compra de votos. Si bien el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha venido tomando decisiones al respecto, el volumen de casos sospechosos es muy alto y algunos aspirantes denuncian que ya la trampa se concretó y no hay tiempo para desmontarla, pues estamos a catorce días de los comicios.

También resulta difícil de entender por qué una gran cantidad de candidatos no ha reportado al portal de Cuentas Claras sus gastos de campaña, pese a que se trata de un requisito para que las autoridades y la ciudadanía puedan ejercer algún tipo de veeduría sobre la materia. Estando ad portas de las urnas resulta innegable que al Estado le quedó grande, una vez más, controlar las cuantiosas cifras que se están moviendo en muchas zonas para impulsar aspiraciones, dejando así una puerta abierta a la violación impune de gastos proselitistas, así como a la infiltración de dineros ilícitos, de redes de corrupción, ‘carteles’ de contratación y actores politiqueros.

No menos alarmantes son las denuncias que han realizado la Procuraduría y la MOE en torno a casos de funcionarios públicos que estarían maniobrando desde instancias oficiales para respaldar algunas candidaturas y partidos, en abierta violación a los mandatos legales al respecto.

Otro fenómeno que está preocupando se refiere a una serie de aspirantes a los que el CNE les revocó la inscripción por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pero que todavía se mantienen en campaña debido a que interpusieron recursos legales y acciones de tutela contra las determinaciones del alto tribunal. De esta forma la ciudadanía queda en vilo, ya que no sabe a ciencia cierta si al votar por esos aspirantes cuestionados podría perder su sufragio.

A todo lo anterior se sumó en días pasados el campanazo que dio el Ministerio Público en torno al riesgo de que el 29 de octubre se puedan presentar eventuales cortes de energía. Si bien el Gobierno dijo que tenía una estrategia de contingencia para neutralizar este riesgo, resulta evidente que preocupa el solo hecho de que se hable de una anomalía así.

Igual ocurre con las implicaciones de un fenómeno inédito en la política colombiana, como lo son las renuncias de alcaldes o gobernadores para salir ipso facto a hacer campaña por los candidatos de su cauda. Los casos de Medellín y el Magdalena marcan un precedente muy lesivo al respecto por más que legalmente no haya impedimento alguno.

Finalmente, aunque la Registraduría Nacional ha reiterado que todo el software de recolección y transmisión de datos sobre las votaciones está blindado ante cualquier intento de saboteo o fraude electrónico, la falla grave que se presentó semanas atrás con el operador de internet que presta servicios a decenas de entidades oficiales no deja de generar incertidumbre.

Visto todo lo anterior, queda claro que la contienda por el poder político departamental y municipal llega a su momento definitivo en medio de un escenario por demás complicado, evidenciando que muchos de los vicios, prácticas proselitistas anómalas y riesgos de vieja y nueva data siguen presentándose. La legislación electoral tiene múltiples vacíos y la capacidad institucional para garantizar comicios transparentes y legítimos continúa, lamentablemente, haciendo agua.