* Investigar a fondo acusaciones de corrupción en Medellín

* Un reto urgente para Fiscalía, Procuraduría y Contraloría

Con la máxima diligencia posible deben proceder los entes de control frente a las denuncias que en estos cuatro meses ha hecho el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en torno a graves y cuantiosos actos de presunta corrupción y desidia en la Administración de su antecesor Daniel Quintero.

Los señalamientos hechos por el titular de la capital antioqueña sugieren la comisión de una multiplicidad de delitos contra la cosa pública, infracciones disciplinarias de la máxima categoría, así como actuaciones que comportan la posibilidad de un daño drástico a las finanzas y patrimonio de la ciudad.

No se puede, por tanto, reducir todo este cúmulo de denuncias al expediente facilista de que se trata de un capítulo más de la rivalidad política entre Gutiérrez y Quintero, que claramente pertenecen a orillas partidistas e ideológicas muy distintas, tanto en el plano de lo local como en el ámbito nacional. Tampoco contribuye al esclarecimiento de todos estos casos circunscribir las acusaciones a un rifirrafe más entre dos nombres que han sonado para competir por la Casa de Nariño en 2026…

Por el contrario, es imperativo que la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y demás entidades de control aceleren las pesquisas sobre los casos puestos sobre la mesa por el actual alcalde. Son asuntos muy complicados y con un nivel de detalle sobre las supuestas anomalías que requieren una rápida verificación de las autoridades.

Como se recuerda, la primera tanda de denuncias se dio a comienzos de marzo, cuando el burgomaestre reveló un total de 501 hallazgos de actuaciones al parecer ilícitas durante el accidentado mandato de Quintero. Esos casos fueron identificados durante un ejercicio de auditoría forense que se realizó por parte de la nueva administración en sus primeros dos meses de gestión.

En esa ocasión Gutiérrez señaló que entre medio millar de situaciones sospechosas estaban asuntos relacionados con decisiones de tipo contractual, administrativo, financiero, jurídico, así como de manejo de recursos humanos entre 2020 y 2023, todos los cuales involucraban cifras millonarias y evidenciarían un precario nivel de transparencia en el mandato de su antecesor de centroizquierda. Entre las anomalías puestas al descubierto estaban el negocio de la Clínica de la 80 que se hizo con SaludCoop, irregularidades en la adquisición de equipos para el programa “Computadores para el Futuro”, la compra del predio en donde había una funeraria para la construcción de un jardín infantil de Buen Comienzo o incluso que el “Presupuesto Participativo” funcionó como un ‘carrusel de la contratación’.

Tras indicar que la ciudad se había acreditado como víctima en todos estos procesos de investigación penal, disciplinaria y fiscal, Gutiérrez dijo, entonces, que faltaban los resultados de la auditoría forense en entidades del presupuesto e importancia de Empresas Públicas de Medellín, Emvarias, Afinia, Ruta N, Metrosalud, Hospital General, Hospital Concejo de Medellín y otras instituciones y programas.

El lunes pasado la situación se complicó aún más, ya que el alcalde reveló una situación muy grave: “Un ciudadano, que fue testigo del presunto entramado de corrupción que afectó a Afinia, filial de EPM, me manifestó en días pasados: ‘La gerencia y negocios de Afinia fueron vendidos de manera ilegal por Daniel Quintero a un excongresista cuestionado por un valor de 8 millones de dólares ($32 000 millones)’”.

Agregó el burgomaestre que el testigo en mención aportó datos muy específicos sobre dicha “venta ilegal” en la que habría participado una persona involucrada en el denominado ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá, hoy tras las rejas, así como un grupo de empresarios venezolanos. También habría aportado detalles sobre reuniones en clubes y restaurantes de Barranquilla y Medellín, en una de las cuales se habría acordado la distribución de porcentajes del dinero ilícito entre un exsecretario de despacho y los personajes relacionados.

Tanto Quintero como sus exsecretarios han negado todos los señalamientos y anunciado denuncias por delitos como injuria y calumnia contra Gutiérrez y sus colaboradores. También han dicho que detrás de las acusaciones hay un trasfondo de revanchismo político y electoral.

Visto todo lo anterior, y dada la gravedad de lo revelado, tal y como los altos montos de presupuesto oficial involucrados, resulta imperativo que Fiscalía, Procuraduría y Contraloría indaguen sobre la veracidad del cúmulo de denuncias y establezcan, si es del caso, las responsabilidades individuales. Esta situación no puede quedar solo en los señalamientos y las réplicas, con la respectiva caja de resonancia mediática y el eco en el hervidero de las redes sociales. Hay que resolver todo el entramado de presunta corrupción y encontrar la verdad, caiga quien caiga.