* No repetir el caso de Merlano
* Anticipo del Mintic sigue en el limbo
Año tras año se activan en Colombia nuevos mecanismos dirigidos a combatir la corrupción, uno de los flagelos más graves que afronta el país, no solo por las cifras billonarias que pierde el erario por cuenta de la esquilmación y desgreño en el manejo de la cosa pública, sino porque pese a todo ese andamiaje subsiste la percepción ciudadana de que muchos funcionarios y particulares ven al Estado como un botín sobre el que buscan abalanzarse a saco.
Al mismo tiempo, esta idea cobra aun mayor vigencia a raíz del escándalo alrededor de los testimonios de la prófuga excongresista Aída Merlano en torno a la pasmosa compra de votos por un escaño en el Senado, además cuyas cifras trascienden el insólito monto de varios millones de dólares, y que en la misma proporción luego son revertidos a través de las maniobras fraudulentas en torno de la contratación pública.
En efecto, aunque a veces suelen denunciarse fraudes electorales por parte de quienes han perdido las justas, en este caso se dieron los allanamientos de las autoridades competentes en momentos en que se llevaba a cabo el latrocinio, en marzo de 2018, justo en el día de las elecciones parlamentarias, y por lo tanto se pudo actuar en tiempo real. Ciertamente Merlano fue condenada, pero solo hasta ahora, tras su fuga cinematográfica y el amparo del régimen madurista desde hace ya un tiempo, se retoma el asunto con una mayor dinámica frente al ritmo que se venía teniendo ante los demás implicados, algo que debió darse con anticipación.
Aparte de las diversas determinaciones que ha tomado la Corte Suprema de Justicia al respecto, incluyendo la compulsa de copias a la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para las elecciones del próximo mes es menester, de otro lado, que las acciones de las autoridades, en tiempo real, cobijen a la totalidad de quienes, pese a las advertencias de un caso con la magnitud del que hoy ocupa a la opinión pública, sigan incurriendo en esas prácticas anómalas en los comicios y, además, pretendan retornar lo “invertido” metiendo la mano en el erario. No en vano la Fiscalía ha dicho que en alrededor de 300 municipios del país hay graves riesgos para las elecciones, no solo por la acción de los subversivos y sus pretensiones de desestabilización democrática, a sangre y fuego, sino porque hay sospechas de que el fraude en la cita en las urnas pretende imponerse.
Ese mayor ojo avizor es urgente debido a que se flexibilizó parcialmente la Ley de Garantías. En ese sentido, una vigilancia conjunta de las elecciones por parte del Estado, en cabeza de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, mandaría una señal perentoria.
Como también es necesario, asimismo, que el anticipo por setenta mil millones de pesos del espurio contrato entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y el consorcio unión temporal Centros Poblados, regrese al erario en su totalidad. Hasta el momento, la falsificación de pólizas y las garantías bancarias no ha recibido respuesta satisfactoria para la opinión. Aunque hay personas capturadas y apertura formal de procesos, todavía no se conoce el cómo, cuándo y dónde de las anomalías que llevaron a sabotear el objetivo de agilizar la conectividad digital en más de siete mil sitios rurales apartados, condenando a miles de niños colombianos a la desigualdad en la educación. Se requiere, adicionalmente, conocer qué congresistas pudieron haber intervenido en el entramado ilegal (y si ello tiene que ver con las próximas elecciones), cuáles funcionarios o exfuncionarios del Mintic estuvieron involucrados y por qué fallaron los filtros, controles e interventorías.
Es imperativo que se actúe en las diferentes instancias y jurisdicciones de forma rápida y eficaz, sobre todo teniendo de telón de fondo la contienda electoral. En ese sentido, también se debe explicar con absoluta claridad por parte de la Registraduría cuáles fueron los nuevos criterios y mecanismos adoptados para llevar a cabo los próximos escrutinios y dejar en claro los contratos correspondientes.
Estos son apenas algunos de los casos que requieren celeridad y claridad institucional. Las acciones en tiempo real, que son la exigencia perentoria de los tiempos contemporáneos, no admiten tregua y menos cuando se trata de las elecciones y de la campaña ya en curso.