* Precisa magnitud de lo acontecido
* Banalización gubernamental
Cuando la Corte Suprema de Justicia debe apelar a dos comunicados públicos para dejar sentadas las graves afectaciones a su majestad, integridad y desempeño, a raíz de las tropelías de esta semana en el Palacio de Justicia, es porque algo muy grave sucede, además, con el fin expreso de erosionar y romper las bases democráticas del país.
En la primera oportunidad, el jueves, el máximo tribunal se manifestó con alarma, aunque en todo momento atado a la institucionalidad, contra la espuria reacción del grupo de manifestantes que hicieron caso al llamado del presidente Gustavo Petro como parte de su recurrente estrategia de incitar a la protesta social y la movilización popular. Por enésima vez y en este caso, como se sabe, frente a las atribuciones de la Corte en el proceso de elegir Fiscal general de la Nación.
Apenas se dio la noticia, en la mañana, de que ninguna de las ternadas por el primer mandatario había logrado, en la corporación, la mayoría reglamentaria para acceder al cargo, y que de nuevo se había registrado una importante votación en blanco, se produjo el desenfreno. Como era claro que la Corte no había cedido a las presiones ni mucho menos a dislates de “rupturas institucionales” o sofismas por el estilo (tan cacareados en la cascada de trinos presidenciales), entonces se lanzaron a la injuria y el motín contra la alta magistratura. De hecho, es bien conocido, al decir del filósofo por excelencia en la materia, Ortega y Gasset, que “el hombre-masa…, sintiéndose vulgar, proclama el derecho a la vulgaridad y se niega a reconocer instancias superiores a él”.
La Corte, por supuesto, se sintió atacada en su independencia y autonomía. En un comunicado rechazó “enfáticamente” el “asedio” que, además, denunció, “pone en grave riesgo la vida e integridad física de los magistrados”, como de los demás presentes en la principal sede judicial del país, y condenó “el bloqueo violento e ilegal”. Es “inaceptable”, agregó, que “se llegue a sitiar” a los jueces. Advirtió sobre la trayectoria en marcha, poniendo “en vilo” la democracia y el estado de derecho. Y exigió al gobierno, tras cuatro párrafos amplios y certeros, “brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamiento o amenazas”.
A partir de ahí, se suscitó la solidaridad de los diferentes escalafones de la rama judicial, el Congreso y prácticamente el país en pleno, rodeando a la corporación y la institucionalidad. Al día siguiente; no obstante, el único que no le dio dimensión al tema y, por el contrario, trató de minimizarlo, incluso yéndose por las ramas o asimilando a la Corte al barullo de “poderes fácticos”, fue el Gobierno en declaraciones del presidente y otras de ciertos ministros. Frente a lo cual la corporación emitió un nuevo comunicado en la tarde del viernes: “Ante versiones públicas dirigidas a minimizar la gravedad de los hechos registrados el jueves en los contornos del Palacio de Justicia, la Corte Suprema ratifica la magnitud de lo ocurrido, descrita en el comunicado emitido con ocasión del bloqueo de su sede judicial”.
De modo que la solicitud de poder actuar dentro del estado de derecho, “sin presiones, hostigamiento y amenazas”, sigue vigente, todavía más si el primer mandatario se ha abstenido de condenar, a ciencia cierta y en toda la línea, el exabrupto cometido. Seguramente no puede hacerlo. Al fin y al cabo, la interpretación de sus trinos también sirve de material inflamable.
Porque, ciertamente, la idea que tiene de la protesta social se correspondería, más bien, con el ambiente conflictivo y la ruptura institucional que, en realidad, se busca. Inclusive con los ya conocidos ingredientes anárquicos e insólitos cuando, hace no más de un par de años, se hablaba de todo aquello que a algunos resultaba tan atractivo en eso del “estallido”, cualquier fuera el adjetivo siguiente, y el país se caía a pedazos a manos de los orquestados vándalos.
Otra cosa es, por supuesto, y según dicen los comunicados de la máxima entidad de la justicia ordinaria, tanto el original como el ratificado: “(…), la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en los asuntos públicos de la Nación”. Concepto, por descontado, que es bien diferente a eso de estar obnubilado por la explosiva fraseología del “estallido” y demás. Faltaría quizá recordar que uno de los más grandes protagonistas de la protesta social, en la historia, fue el Mahatma Gandhi, apóstol de la no violencia. Derribó al poderoso imperio británico de la India, sin levantar la voz, mucho menos disparar un solo tiro ni perder sus razones en atropellos y palabrerías.
Esto, claro está, a propósito del doble comunicado de la Corte Suprema, heredera de los mártires del Palacio de Justicia, en que quedó todo dicho en esta oscura semana de la democracia colombiana.