- Satrapía Ortega capturó a obispo Álvarez
- Redoblar condena global a la dictadura
La persecución del gobierno autoritario de Daniel Ortega a la Iglesia Católica en Nicaragua, que se ha convertido en la principal denunciante de la violación de derechos humanos y del sistema represivo del régimen dictatorial, llegó a uno de sus puntos más graves ayer, cuando la Policía irrumpió con violencia en la sede de la diócesis de Matagalpa, deteniendo al obispo Rolando Álvarez, a quien las autoridades mantenían cercado desde hace dos semanas en esta ciudad al norte del país.
El alto prelado y ocho de los sacerdotes y seminaristas que lo acompañaban fueron llevados en medio de confusas circunstancias a Managua, en donde fue recluido en “resguardo domiciliar”, sin que estuviera claro el sitio exacto de su detención. Lo que sí sabe es que las instancias judiciales sindican al obispo, erigido como otro símbolo de la valiente resistencia contra la satrapía, de presuntas actividades "desestabilizadoras y provocadoras" contra el Estado.
Como se sabe, Ortega, que gobierna con mano dura ese país desde 2007, acudiendo para ello a tres reelecciones consecutivas, la cooptación de todos los poderes públicos y la eliminación de las garantías democráticas, utiliza una legislación abiertamente espuria para judicializar, encarcelar o ilegalizar todo foco de oposición a su gobierno.
Dirigentes políticos, candidatos presidenciales, periodistas, líderes empresariales, defensores de derechos humanos, sacerdotes, voceros de organizaciones no gubernamentales y centenares de personalidades han terminado procesadas y en prisión en los últimos años. Si bien la comunidad internacional, desde la ONU, la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos y otras instancias han denunciado esta grave situación y la existencia de centenares, sino miles, de presos políticos en esa atribulada nación centroamericana, el jefe del régimen dictatorial y su esposa, y a la vez vicepresidenta, prestan oídos sordos a las condenas y sanciones políticas, económicas y diplomáticas. Por el contrario, en una actitud abiertamente desafiante, la satrapía ha profundizado en los últimos meses sus acciones de violación a los derechos humanos y represión violenta a las protestas populares. De hecho, la última movida del cuestionado gobierno ha sido el retiro de las personerías jurídicas y los permisos de funcionamiento a miles de ONG de todo tipo, incluyendo entes religiosos, sociales, campesinos y gremiales. Con varios periódicos y medios nacionales intervenidos, también se apunta ahora a pequeñas emisoras, diarios y portales web alternativos, todo con el fin evidente de acallar las denuncias contra el régimen.
El detenido Obispo -quien habría podido entrevistarse ayer en su sitio de reclusión con el cardenal y arzobispo de Managua - quedó en la mira de las autoridades por alzar su voz contra estos atropellos, en especial el cierre de varias emisoras cristianas. Ya otros prelados han tenido que exiliarse por temor a ser encarcelados y condenados en procesos abiertamente parcializados y espurios.
Tras la captura del obispo de Matagalpa hubo una serie de alertas y condenas a Ortega y compañía. La ONU y el Consejo Episcopal Latinoamericano, entre otras instancias, advirtieron la gravedad de lo ocurrido y llamaron a la comunidad internacional a movilizarse. La OEA también denunció esta nueva violación a la Carta Democrática y se esperaba un pronunciamiento del papa Francisco al respecto. Incluso, la persecución a la Iglesia nicaragüense había sido denunciada a comienzos de semana mediante una carta pública suscrita por expresidentes y personalidades americanas y europeas. Ya a nivel interno la Conferencia Episcopal de Nicaragua y otras entidades no gubernamentales lanzaron nuevas alarmas sobre el deterioro de la situación y la necesidad de solidaridad continental y global.
Como se ve, una vez más la Iglesia Católica es perseguida por los dictadores y tiranos. Su labor en defensa de los más débiles y afligidos la tiene en la mira del régimen autoritario de Ortega pero obispos y sacerdotes resisten con valentía. Es urgente que la comunidad internacional pase de la condena a una acción más contundente contra un régimen Ortega que opera impune e irrefrenable.