UNA  vez más el Cauca está de luto. Tal como muchas veces se ha repetido en los últimos años, un bus escalera que transportaba campesinos e indígenas en las quebradas carreteras de ese Departamento rodó a un abismo. Esta vez el saldo, por lo menos hasta ayer en la tarde, cuando aún no terminaban las labores de rescate en el sitio del accidente entre Toribío y  Jambaló, ascendía a trece personas fallecidas y 61 heridos, algunos de ellos de gravedad.

Según los pocos testimonios que se conocían desde el lugar del siniestro, el bus tenía una capacidad de no más de 40 personas pero si se suman las víctimas fatales y los lesionados, entonces habrá que concluir, a priori, que el automotor movilizaba, como mínimo, 74 pasajeros en una zona de alta montaña, bordeando peligrosos abismos, con una carretera en pésimo estado por la época invernal y al filo de la medianoche. Es de aclarar que esta es apenas una hipótesis, pues la versión oficial de las causas del accidente así como sobre el número exacto de personas que se movilizaban en el bus escalera sólo lo podrán establecer las autoridades y los sobrevivientes.

Más allá de lo que haya pasado en este caso puntual, lo cierto es que no es la primera vez que en el Cauca se presentan estos percances fatales. En muchas ocasiones se ha denunciado que el transporte en municipios de geografía quebrada se hace en su mayoría en buses, camiones y otros automotores que viajan con evidente sobrecupo de pasajeros y carga, violando las mínimas normas de precaución y seguridad viales.   

Lamentablemente el del Cauca no es el único caso en Colombia de las condiciones peligrosas en que se presta el transporte público en zonas rurales y de difícil acceso, en donde por esas mismas características se hace muy difícil para las autoridades establecer controles y retenes.

Las carreteras de Putumayo o Nariño, para sólo citar dos departamentos, también presentan tramos en donde los conductores y sus pasajeros, sobre todo en días de mercado o festividades, se arriesgan mucho al transitar por vías en pésimo estado y con muy bajas medidas de seguridad.

Lo más grave es que cuando se les pregunta a las humildes personas que utilizan estos transportes sobre el riesgo a que se exponen, la respuesta es casi siempre la misma: son los únicos medios que existen en esas áreas veredales para movilizarse.

La mayoría de estas carreteras secundarias y terciarias de alta montaña no están pavimentadas, apenas si tienen una calzada y no cuentan con barreras de protección metálicas en zonas de curvas pronunciadas o proclives al deslizamiento y taponamientos. Por lo mismo es hora de que la Policía de Carreteras, el Ministerio de Transporte, gobernaciones y alcaldías pongan un control más efectivo  a la forma en que se movilizan sus habitantes en las áreas rurales y de difícil acceso. Es necesario establecer las restricciones del caso, sobre todo, en cuanto a límite de pasajeros y carga, pues resulta inaceptable que día a día miles de humildes campesinos e indígenas arriesguen sus vidas con tal de llegar a las cabeceras municipales.