• Más allá de solo liquidar o reorganizar el Inpec  
• Reingeniería a la Política Criminal del Estado

La insólita fuga la semana pasada de la excongresista Aída Merlano volvió a poner sobre la mesa el debate en torno a las problemáticas que arrastra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). No es una discusión nueva. Por el contrario, se recicla cada vez que se genera algún tipo de escándalo al interior del sistema de prisiones, ya sea por cuenta de evasiones de reclusos, casos de corrupción al interior de los penales, denuncias de violaciones de derechos humanos a los internos o las polémicas recurrentes sobre los altos índices de hacinamiento y las políticas penales y penitenciarias que implementan los gobiernos de turno para hacerle frente a este flagelo.

Para nadie es un secreto que la capacidad de las cárceles en Colombia es insuficiente frente a la cantidad de personas que están tras las rejas. Hay alrededor de 120 mil internos, 80 mil de ellos condenados y 40 mil en calidad de sindicados. Se estima que en las 134 prisiones la capacidad normal es para 80 mil reclusos, razón por la cual el hacinamiento se encuentra cercano al 50%. Es un asunto complejo desde el punto de vista presupuestal, más aún si se tiene en cuenta que el sostenimiento anual de un privado de libertad supera los $25 millones y la creación de un cupo está por encima de $120 millones.

Pero no es el único problema. La infraestructura carcelaria es deficiente, no solo por la sobrepoblación ya anotada, sino porque en muchos de los penales las instalaciones físicas son vetustas, sin las adecuaciones necesarias para atender a los internos. A ello se suma que en Colombia ha hecho carrera el llamado “populismo punitivo”, que es la tendencia del Congreso a considerar que todo pico de criminalidad de vieja o nueva data se soluciona creando tipos penales o agravando penas a los delitos ya existentes, lo que obviamente lleva a que los jueces envíen cada vez más personas a la cárcel. Si bien existen modalidades distintas a la intramural para afectar la libertad de una persona condenada o sindicada, lo cierto es que la eficacia de las alternativas es muy relativa, como se evidencia en los sucesivos escándalos por presos que gozando de beneficios como casa por cárcel o brazalete electrónico son capturados reincidiendo en el delito.

Igualmente no se puede sacar del escenario de la crisis del Inpec el hecho de que la Política Criminal en Colombia no se ha podido consolidar en el mediano y largo plazos. Cada gobierno ha implementado distintas estrategias de regulación de la población carcelaria, impulsando una gran cantidad de reformas a los códigos Penal, de Procedimiento Penal y al Penitenciario. Tampoco ha existido continuidad en los mecanismos de resocialización eficaz de los internos ni en las estrategias públicas para alcanzar una administración oficial transparente y eficiente del sistema de prisiones. A todo lo anterior hay que sumar el ya desgastado pulso entre los gobiernos del orden central y los departamentales y municipales en torno a quién debe encargarse y financiar el funcionamiento de los penales. Por último, pero no menos importante, está el hecho de que, pese a los avances de los últimos años, aún estamos lejos de contar con un mecanismo extendido y funcional para la solución alternativa y no judicial de las diferencias y pleitos…

Como se dijo, es un problema estructural y complejo. No en vano desde 1998 la Corte Constitucional declaró el “Estado de Cosas Inconstitucional en las Cárceles”, lo que ha obligado a todos los gobiernos en las últimas dos décadas a rendir cuentas periódicas sobre los avances en la política penitenciaria, sin que la crisis estructural se haya superado.

Visto todo lo anterior se entiende por qué cuando se habla de reformar o liquidar el Inpec, el debate no puede circunscribirse a la problemática generada por la multiplicidad de sindicatos que se enquistaron en la entidad, como tampoco a cómo darle mayor transparencia a la administración de las cárceles, incrementar la calidad en la formación y vigilancia del personal de custodia o a la implementación de mecanismos anticorrupción más eficientes en las prisiones.

La situación es más compleja, como se deriva de todas las circunstancias ya descritas. Liquidar el Inpec, privatizar -como en muchos países- el sistema de administración de prisiones, aumentar rápidamente la capacidad de los penales… Esas y muchas otras alternativas están sobre la mesa. Sin embargo, lo que debe entenderse es que se trata de un problema estructural con múltiples aristas que requiere, por lo mismo, de una solución integral. Las medidas parciales tienen una efectividad limitada. Si la decisión del gobierno de turno es aplicar una reforma de fondo y definitiva a la política criminal del Estado, que se proceda en consecuencia, entendiendo que hay que ir más allá de simplemente acabar con el Inpec para crear una entidad que tendrá que enfrentarse al mismo escenario crítico penitenciario ya explicado.