Graves falencias en materia social y laboral

Gobierno debe replicar el crudo diagnóstico

Uno  de los defectos más reiterados en el análisis de las realidades económicas colombianas ha sido el que muchos de los diagnósticos no tienen la suficiente perspectiva que les permita a los evaluadores ponerse por encima de las coyunturas y problemáticas del día a día. De allí la importancia que tienen los estudios que son realizados por entidades internacionales, gran parte de los cuales tienen como principal virtud que utilizan los informes oficiales apenas como un insumo más  y privilegian la contrastación  de los mismos con distintas fuentes privadas, centros de investigación, la academia, visiones gremiales y todos los datos locales y externos que permitan un escenario más integral para que las conclusiones ostenten un mayor nivel de objetividad y realismo.

Esa premisa es la que hace particularmente preocupantes los resultados del “Estudio sobre las políticas de Colombia en materia migratoria, social y laboral” , realizado por un grupo de trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el prestigioso club de más de una treintena de países que están considerados como los que aplican las mejores prácticas de buen  Gobierno, y al que Colombia está en proceso de ingresar si cumple una larga y compleja lista de estándares y metas mínimas en distintas políticas sectoriales.

Según el informe en cuestión, si bien no se desconocen los avances que ha tenido el país en materia de calidad de vida, menor desempleo, progreso social y disminución de la pobreza, los indicadores en varios de los ámbitos relacionado a estos campos continúan siendo preocupantes. Se dice, en materia laboral, que a la generalizada informalidad se suman una elevada tasa de empleo por cuenta propia y el hecho de que numerosos trabajadores sean eventuales. En cuanto a la redistribución de la riqueza, se advierte que la desigualdad de ingresos en nuestro país es la mayor entre las naciones que integran hoy la OCDE, a lo que hay que adicionar que la redistribución de impuestos y prestaciones es prácticamente insignificante.  No menos drástica es otra de las conclusiones del estudio según la cual el gasto social público, aunque en aumento, es exiguo y no siempre se centra en los más necesitados. Por igual se llama la atención en torno a que el sistema de pensiones  es complejo, restrictivo y prioriza a las personas con mayores ingresos. 

Ese repaso sobre algunas de las conclusiones del informe citado pone en evidencia que existe, por lo menos, una contradicción entre un diagnóstico  tan drástico y las visiones más optimistas que suelen reportarse desde las instancias oficiales. Urge, por tanto, que el Gobierno responda a cada una de las falencias advertidas, más aún porque precisamente el objetivo de esta clase de evaluaciones  de la OCDE es precisamente que los estudios sean socializados lo más posible y se generen los debates nacionales al respecto.  Aunque se asegura, por los propios autores que el diagnóstico, no incide directamente en el proceso de adhesión de nuestro país a esa organización internacional, es apenas lógico que si tiene un impacto indirecto sobre el mismo ya que, como se dijo, toda nación que aspire a ingresar debe cumplir con unos estándares mínimos en materia económica,  política, social, educativa, pensional, fiscal… y muchos ámbitos más. De allí que el largo listado de recomendaciones que el estudio hace sobre los ajustes que deberían tener las políticas de Colombia en materia migratoria, social y laboral requiere de un análisis profundo y objetivo por parte de todos los ministerios, en lo atinente a sus facultades y responsabilidades, para establecer cuáles de ellas tienen viabilidad para ser aplicadas en el corto, mediano y largo plazos.

Desde el mismo momento en que el Gobierno anunció su intención de ingresar a la OCDE se advirtió desde estas páginas que ese loable propósito implicaba uno de los ajustes institucionales más profundos a que se ha sometido el país para acceder a una instancia internacional o aplicarse a un tratado o convención, bilateral o global. Hoy, si bien se ha avanzado sustancialmente en el cumplimiento de muchas de las tareas para poder entrar a ese exclusivo club de países  con las mejores prácticas de gobierno, también es evidente que hay un largo camino aún por recorrer, que no será fácil ni inmediato por requerir reformas legales y constitucionales  de muchas implicaciones. Una receta que, por lo visto en el informe referido, será muy difícil de cocinar.