- Industria turística gravemente golpeada
- Reactivación genera esperanza y alertas
El coletazo sanitario, social y económico de la pandemia ha sido muy drástico en todo el país. Sin embargo, es claro que el impacto es distinto en todas las regiones, razón por la cual los planes de contingencia en salud así como de reactivación productiva y de adecuación de la población a los cánones de la llamada “nueva normalidad” deben aterrizarse a las realidades de cada municipio o departamento.
Por ejemplo, tras cinco meses largos de crisis sanitaria por el Covid-19 hay zonas que no han concentrado el foco mediático. Una de ellas es San Andrés, en gran parte porque, afortunadamente, el archipiélago, por su posición geográfica y el régimen de cuarentena, especialmente la suspensión de vuelos comerciales, ha mantenido un bajo nivel de contagios (193). Es más, solo hasta el pasado miércoles registró la primera víctima fatal.
Sin embargo, pese al buen desempeño en el flanco sanitario, la pandemia ha golpeado al archipiélago fuertemente a distintos niveles. Por ejemplo, a comienzos de julio la Fiscalía citó a imputación al gobernador, Everth Hawkins, por presuntas irregularidades de contratación al amparo de la emergencia por el Covid-19.
A ello se suma que el sistema sanitario de la isla se evidenció, como en gran parte del país, marcadamente ineficiente, sobre todo en lo relacionado con disponibilidad de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI). Si bien es cierto que la Gobernación y la administración Duque acordaron la dotación requerida, varios gremios y asociaciones locales alertaron semanas atrás que el traslado de los ventiladores y demás equipos e insumos médicos, e incluso del personal especializado, se había demorado inexplicablemente, e incluso hubo llamados a la Fuerza Pública y otras instituciones nacionales para que facilitaran aviones con ese propósito. Afortunadamente, coincidiendo con un aumento progresivo de los casos en las últimas semanas, se pudo superar el impasse y, según lo informó esta semana la administración seccional, ya todo está adecuado y funcionando en el Hospital Departamental Clarence Lynd Newball. Como es bajo el número de pacientes que ha requerido soporte ventilatorio, por ahora no hay motivo de alarma en este campo, como sí ocurrió tiempo atrás, obligando a extremar los confinamientos poblacionales.
A lo anterior se suma que a comienzos de este mes la Contraloría tuvo que urgir a la Gobernación y a la IPS Universitaria- Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia, que garantizarán la atención a la población isleña, evitando la afectación en la prestación de los servicios del hospital local, más aún en medio de la crisis sanitaria. Esto mientras se formaliza la consolidación jurídica y la puesta en marcha de la recién creada Empresa Social del Estado para manejar el centro asistencial.
En cuanto al impacto socioeconómico, la situación ha sido especialmente crítica, ya que el 90% de la actividad productiva del archipiélago se deriva directa o indirectamente de la industria del turismo. La caída a cero de la llegada de visitantes desde finales de marzo golpeó duramente al sector hotelero, el comercio y todos los rubros de productos, bienes y servicios relacionados. El desempleo está disparado y las pocas actividades que siguieron funcionando en medio de la emergencia aseguran que trabajan a pérdida o con muy bajas tasas de rentabilidad. Aunque desde el Gobierno Central se recalca que toda la oferta de subsidios, transferencias y alivios a los sectores más vulnerables se ha desplegado en el archipiélago, así como de créditos y salvavidas financieros a las empresas, sobre todo del turismo, los gremios locales aseguran que esos apoyos han tenido baja cobertura en San Andrés y Providencia. Como ocurre en todo el país, calculan las pérdidas y el lucro cesante en cifras millonarias, al tiempo que piden un plan de contingencia especial, con incentivos nacionales y locales, dadas las particularidades de la economía y sociedad isleñas.
Desde hace dos semanas, cuando se anunciaron los primeros pilotos para reactivación de vuelos comerciales, uno de ellos al archipiélago, si bien se empezó a abrir una luz de esperanza para la industria turística, también se prendieron las alarmas en torno a si la llegada de visitantes podría significar un riesgo sanitario en un territorio que tiene la situación controlada. Esas reacciones encontradas han sido mayores ahora que desde el próximo 1 de septiembre se termina el aislamiento preventivo y se dio luz verde para reactivar el turismo, claro bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad. Precisamente este fue uno de los temas analizados ayer por el Gobernador y el Ministro de Salud que viajó a San Andrés para analizar la curva epidemiológica y el plan de contingencia en la reapertura turística.
Como se ve, el archipiélago, como la mayoría de zonas del país, ha soportado el duro embate de la pandemia. Si bien sus autoridades, gremios y población saben que el riesgo sanitario continúa, apuestan todo a que a partir de la próxima semana la reactivación será su principal salvavidas.