* Resonante denuncia
* Los sofistas de la corte
Las declaraciones del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel, constituyen la más resonante denuncia públicacontra sus colegas que votaron negativamente por el Fuero Militar. La opinión está al tanto que el Fuero Militar fue abolido, inicialmente, por una decisión del Ministro de Defensa y del Fiscal, en ese momento, durante el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez. Se trató de un acuerdo administrativo a todas luces ilegal y contrario a la disposición constitucional que consagro en 1991 el Fuero Militar, que corresponde a la tradición jurídica colombiana y al fenómeno político y social, por el cual en Colombia hemos vivido más de medio siglo bajo el azote del conflicto armado.
El abolir por la vía administrativa el Fuero Militar ha sido uno de los peores atentados contra la moral y el buen ejercicio de la actividad de los soldados para defender el Estado y la sociedad de quienes intentan asaltar el poder por medio de la violencia. Por cuenta de la impericia o el sesgo político de los civiles que han investigado a los militares, se ha producido el fenómeno inusitado de considerarlos como criminales, simplemente por portar un uniforme, sin atender que ellos solo pueden usar exclusivamente las armas para defenderse o combatir a los terroristas, puesto que para quienes no conocen la estrategia militar y sus normas, disparar contra otros según rezan los códigos no es más que un crimen. Y para colmo de males cuando la magistratura dictaminó de manera categórica que ese pacto administrativo entre el ministro de Defensa y la fiscalía era a todas luces inconstitucional, lo que dejaba el Fuero Militar vigente; súbitamente sin explicación plausible otro ministro de Defensa del anterior Gobierno demandó el Fallo, mostrando de manera elocuente las contradicciones políticas en las que suelen caer los gobiernos, en tanto, se les exigía a los soldados exponer sus vidas y luchar valerosamente contra los alzados en armas. Siendo que un gran número de seguidores de la patria, oficiales y soldados, por cumplir el deber terminaron tras las rejas.
Como lo han afirmado expertos juristas el Fallo contra el Fuero constitucional que orquestó el magistrado Rubén Darío pinilla Cogollo se constituye en un verdadero atentado monumental contra la seguridad jurídica que debe gozar la sociedad colombiana, por supuesto la sociedad colombiana. Si se le niega al estamento castrense que defiende la sociedad y la soberanía nacionalla seguridad jurídica, qué garantías tiene el resto de los colombianos. Y como ya lo expresamos oportunamente, semejante golpe bajo debilita en grado superlativo a un Gobierno que intenta negociar la paz en La Habana, para lo cual necesita ser más fuerte que nunca, como del respaldo de las Fuerzas Armadas, de los partidos políticos, los gremios, las instituciones más representativas y la Nación.
Estos antecedentes políticos que afectan la fortaleza del Gobierno han sido registrados por los negociadores de las Farc en Cuba, que han salido a exigir acuerdos sobre otros noventa puntos que además tienen varios subtemas, que implicarían de ser aceptados por el gobierno, un redimensión y refundación de la República, como si el gobierno en sus Fuerzas Armadas hubiesen sido derrotadas y capitulado, aceptando las condiciones arbitrarias y abusivas de un Ejercito vencedor. Esa no es la situación de Colombia, ni política ni militarmente. Los violentos fueron a negociar a La Habana, por cuanto buena parte de sus jefes han sido eliminados en combate, hechos prisioneros o forzados a buscar refugio en países que los protegen por afinidades políticas o solapada hostilidad contra Colombia.
Así que propiciar un escandaloso fallo inicuo contra las Fuerzas Armadas por abolir el Fuero Militar al inventar “un vicio de forma” como lo denunció con valor civil el magistrado Jorge Pretel, más que una equivocación es un inexplicable y arbitrario desafuero contra la voluntad de paz de los colombianos, contra el orden jurídico; y se torna mucho más oscuro el asunto cuando se trata de valiosos y eruditos juristas, expertos en la dialéctica, en normas e incisos, que no pueden bajo ningún motivo alegar desconocimiento de las mismas, a menos, que estuviesen bajo presiones o circunstancias que afectaron su criterio, que desconocemos.
Como lo dejó conocer con claridad el magistrado Pretel al explicar su salvamento de voto: “la jurisprudencia nunca había reconocido como vicios de procedimiento la supuesta simultaneidad en la realización de dos debates distintos en el Congreso”, pretexto digno de astutos sofistas para propinarle un golpe a mansalva al gobierno, a nuestros soldados y a los colombianos.