• Explotación moderna y desarrollo sostenible
• Combate sin tregua a extracción depredadora

Se han divulgado simultáneamente dos noticias, una alentadora y otra decepcionante, relacionadas con la minería del oro en Colombia.

La primera fue la inauguración de la mina de oro subterránea en Buriticá (Antioquia), la mayor de su categoría en América Latina, que producirá 300 mil onzas año, lo que corresponde aproximadamente a la cuarta parte de lo que se explota legalmente en el país. Originalmente fue un proyecto promovido por la firma Continental Gold del Canadá pero recientemente vendidos sus intereses a la multinacional China Zijin Gold.

Las cifras divulgadas sobre este proyecto, luego de haberse cursado un intenso proceso de concertación con la comunidad, son notables: generará empleo a 2.138 personas, tiene 37 kilómetros de desarrollos subterráneos y se espera que le genere al Estado 37 mil millones de pesos en regalías por año y 300 mil  millones de pesos en impuestos en el mismo lapso. Implicará también un movimiento de tierra de 3.000 toneladas día, material estéril que deberá ser tratado con moderna tecnología y de acuerdo con estrictas medidas ambientales.

Para una región pobre y agobiada por problemas de orden público y desempleo como Buriticá esta mina subterránea de explotación aurífera es, definitivamente, una buena noticia. Recordemos que este municipio fue uno de los principales centros mineros durante la Colonia, una condición que ahora recupera con la puesta en marcha de este importante proyecto.

La otra noticia, aunque no alentadora, recibida esta semana sobre la minería del oro, provino de la Undoc (oficina de las Naciones Unidas encargada de hacer el seguimiento y ayudar a combatir los cultivos ilícitos). Según esta Agencia, el 52% de la minería aurífera de Colombia se “encuentra en zonas excluidas de minería o protegidas ambientalmente, a las cuales corresponden territorios de protección y desarrollo de recursos naturales renovables y ambientales, donde la ley determina que no se puede ejecutar obras de exploración y explotación minera”.

El contraste no puede ser más diciente: de un lado, la minería formal, concertada con la comunidad, respetuosa del medio ambiente y comprometida con un desarrollo sostenible y la tecnología de punta; y de otro, una minería, que podríamos denominar “salvaje”, ya que es irrespetuosa del medio ambiente, depredadora de los Parques Naturales y de las zonas protegidas, así como de las riberas de los ríos auríferos del país, donde causa gigantescos estragos.

Hay que registrar igualmente, como un avance positivo, el anuncio que hizo el Gobierno durante la inauguración de la mina de Buriticá en torno a que dictará normas para facilitar la formalización de la minería artesanal en Colombia. Se trata del segmento de mineros que sin estar ubicados en zonas prohibidas para la explotación de recursos naturales o en los Parques Naturales (flagelos estos que deben ser combatidos sin cuartel), pugnan por entrar en el terreno de la legalidad a través de la formalización.

En este contraste se resume la disyuntiva minera del país. Tenemos riquezas inmensas pero que hay que explotarlas bien. De manera respetuosa con el medio ambiente y consultando el querer de las comunidades en cuyos territorios se adelantan dichos emprendimientos. Colombia no puede renunciar a hacer minería. Nuestro subsuelo contiene un potencial gigantesco de riqueza social y económica. Pero la minería que se haga debe y tiene que adelantarse de manera responsable.

Una discusión que se empieza a abrir camino en el país es la de la tributación y las regalías que se deben cobrar para el Estado en estos proyectos de minería del oro. A juicio de analistas serios las tasas vigentes son extremadamente bajas, casi irrisorias. Y no se compadecen con los precios internacionales del oro ni con la magnitud de estos trabajos mineros. Esa discusión habrá que profundizarla en los tiempos venideros.

En materia de gran minería queda también abierta la discusión sobre el proyecto Soto Norte (Santurbán, en Santander) y Quebradona (mina de cobre también subterránea en Jericó, Antioquia). La decisión final que tomen las autoridades sobre estos dos importantes proyectos mineros se tendrá que ajustar puntillosamente a lo que prescriben las más rigurosas normas ambientales y el Código respectivo para este tipo de operaciones extractivas, que pueden ser buenas o altamente inconvenientes, según se diseñen e implementen.