La  honda crisis política que perturba  a Venezuela tiende a aumentar por  el estado de descomposición que afecta el sistema. Copadas las instituciones más importantes por el monopolio del partido de la revolución, que antes era la voluntad del comandante Chávez, consagrada mediante el poderío de la Ley Habilitante, cuyos antecedentes semejan la ley que llevó ese nombre en Alemania, cuando a raíz del incendio del Reichstag, los legisladores le confieren poderes extraordinarios al canciller Adolfo Hitler, quien no necesitó modificar la Constitución de Weimar, para ejercer su dominio puesto que asumía en la practica la voluntad nacional, que a partir de ese momento era la suya. Esa ampliación descomunal de poderes en un solo hombre se inspiraba en el antiguo concepto de la razón de Estado, una “máxima sociológico-política que se levanta por encima de la oposición de derecho y agravio, derivado tan solo de las necesidades de la afirmación y la ampliación del derecho político”. En Alemania se justificó el otorgar al gobernante la supremacía del mando por encima del Congreso, en cuanto se sostenía que era la mejor manera para forzar a la Nación a superar las secuelas de la derrota de la primera Guerra Mundial, prepararse para defender su existencia, como para recuperar en el futuro los territorios que le habían cercenado y la preeminencia como potencia.

En Venezuela, mediante la Ley Habilitante por vía de excepción los poderes se concentran en el gobernante de turno, así como en Colombia, cuando estuvo vigente la Constitución de 1886, se concentraban en el Presidente con algunas condiciones implícitas, como el aval de los ministros y otros requisitos. Entonces el cúmulo de facultades de la autoridad por excepción lo asumía en determinados casos el gobernante de turno. Lo que no es otra cosa que la dictadura momentánea so pretexto de mantener o restaurar el orden. En el caso de Venezuela, semejantes facultades le permitieron al comandante Hugo Chávez torcer la voluntad popular en contra del Referéndum reeleccionista, que él mismo, inicialmente y de momento, con gran astucia reconoce que había perdido y que después abolió, para que la Asamblea como constituyente secundario avalara ese exabrupto constitucional...  El poder que le confería la Ley Habilitante al comandante tenía por objeto exaltar la ideología revolucionaria y expandir su acción en el país y en el exterior, mediante lo que se denomina  socialismo del siglo XXI. Y eso fue lo que hizo el gobernante populista, con el apoyo de los miles de millones del petróleo venezolano. Es asombroso, Venezuela gastó cientos de veces los millones de dólares que se necesitaron para recuperar a Europa después de la II Guerra Mundial, en el proyecto político expansionista, mientras el país se quedó en el atraso y la masa se mantiene en la pobreza, apenas aliviada por la ayuda asistencialista del Estado.

Ese modelo político asistencialista hace agua, en cuanto la economía venezolana, también hace agua. Lo mismo que no podrá Venezuela seguir subsidiando indefinidamente a terceros países. Y los poderes de la Ley Habilitante que le permitieron a Chávez gobernar  aún después de haber perdido la reelección, al combinar el asistencialismo con el apoyo militar y de las milicias populares a su gobierno, no tendrían el mismo efecto en Maduro, las arcas están vacías, las deudas crecen, los problemas se tornan insolubles y la lápida de la caída de la producción y los precios del crudo, cuestionada su legitimidad en las urnas, desvirtúan la gobernabilidad. Es de recordar que Hitler y Chávez, inicialmente, llegan al poder por elecciones limpias. Lo que significa que tienen la legitimidad y el apoyo de las Fuerzas Armadas, a la técnica del dominio político del poder no le importan las ideologías, sino el mito de la legitimidad democrática.

La noción de pureza electoral se descalabra cuando la máxima autoridad de ese organismo aparece con el emblema de la revolución y el discurso partidista el día de las elecciones, para actuar a capricho del gobierno. Falla que se refuerza por la ausencia de testigos de la oposición con capacidad de reacción e informar sobre los resultados. En un país dividido, que votó copiosamente por el candidato Henrique Capriles y por Nicolás Maduro, la inoperancia del sistema electoral, como el insólito aval de varios presidentes de Hispanoamérica al gobierno, para que después se haga el reconteo,  viola las garantías electorales para reconocer la pureza de los resultados y deja en el limbo al gobierno, por el INRI de la ilegitimidad. El mismo error lo cometió el secretario de la OEA, Insulza. Es lo que explica que el  excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles decida públicamente impugnar las elecciones del pasado 14 de abril, que a su juicio  “deberían repetirse total o parcialmente”. Ilegitimidad y crisis económica no combinan, de lo que se trata es de evitar que la situación empeore y degenere en violencia al estilo de la primavera árabe. Todo habría sido diferente si se efectúa a tiempo el reconteo.