• Colombia sabe que es una lucha con muchos altibajos
• Más combate a resiembra y uso de glifosato, opciones

Si algo ha aprendido Colombia luego de varias décadas de combate frontal al narcotráfico es que esta es una lucha de largo aliento, en donde muchas batallas se pierden y otras tantas se ganan. Lo importante es no bajar la guardia ni perder las esperanzas, más aun teniendo nuestro país, como ningún otro en el planeta, la certeza de que dejar progresar este flagelo a lo único que conduce es a la violencia generalizada, la cooptación de la autoridad legítima e institucional, la subversión de la escala de valores morales y éticos así como a la ruinosa descomposición de la sociedad en todos sus niveles. Ello explica, precisamente, por qué en Colombia las tesis de la legalización y la despenalización de las drogas no tienen mayor calado, ya que un país que ha sufrido en carne propia y pagado con miles de vidas inocentes y múltiples tragedias el precio de enfrentar a las mafias y los carteles de toda laya, sabe que, en el fondo, los narcotraficantes nunca van a renunciar a las multimillonarias ganancias de este negocio criminal, cuya rentabilidad es mayor entre más clandestino y reprimido por el Estado sea.

Para nadie es un secreto que desde 2013 se empezó a variar la estrategia de lucha contra el narcotráfico en Colombia y ello fue llevando a que la extensión de los narcocultivos, que en ese entonces se había logrado reducir hasta no más de 43 mil hectáreas, según una medición interna, empezara a incrementarse año tras año, hasta llegar a las 209 mil hectáreas al cierre de 2017, de acuerdo a Estados Unidos. También es claro para tirios y troyanos que en esa debacle de la política antidroga influyeron muchos aspectos, empezando por una menor operatividad antinarcóticos derivada de las incidencias del proceso de paz con las Farc, el incentivo ‘perverso’ a la siembra desaforada en que se convirtió el punto sobre narcotráfico negociado en La Habana, así como la decisión gubernamental en 2015 de prohibir la fumigación con glifosato, que era por entonces el arma más eficaz en los operativos de erradicación de sembradíos ilícitos.

Pero la pérdida del rumbo en la lucha antidroga no terminó ahí. El Estado falló en ocupar con autoridad y fuerza institucional las zonas dejadas libres por las facciones de las Farc que sí se desarmaron, lo que permitió que el Eln, las bandas criminales de alto espectro (tipo ‘Clan del Golfo’) y las propias disidencias de las Farc entraran a disputarse, una veces aliadas y otras en combate abierto, el dominio de las zonas de narcocultivos, laboratorios de procesamiento, rutas de tráfico de cargamentos de cocaína, marihuana y heroína, así como todo el universo delictivo derivado, incluyendo la minería criminal, la tala ilegal de madera, extorsión… Todo esto llevó al reciclaje de la violencia regional, el aumento de la inseguridad urbana y rural así como a la escalada de asesinatos de líderes sociales y de los propios desmovilizados.

Si bien con el relevo en la Casa de Nariño en agosto de 2018 se adoptó una nueva estrategia y se empezó a corregir el rumbo, esa tarea no ha sido nada fácil. Aunque se multiplicaron los grupos erradicación manual forzosa y se aumentó la operatividad militar y policial antinarcóticos, al tiempo que se mantuvieron los pactos con miles de familias campesinas para la destrucción voluntaria y compensada de los cocales, no se ha podido lograr una disminución sustancial de la extensión de sembradíos ilícitos. Prueba de ello es que así como en 2018 se logró bajar ese volumen a 208 mil hectáreas, consiguiendo frenar la tendencia alcista por primera vez en los últimos siete años, el 2019 cerró con 212 mil hectáreas, es decir que hubo un leve aumento frente a los dos años antecedentes, según se desprende del informe revelado esta semana por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, que también señaló que la producción potencial de cocaína aumentó a 951 toneladas métricas.

Paradójicamente muchos sectores en nuestro país esperaban resultados más alentadores toda vez que el Gobierno había destacado en enero pasado que en 2019 erradicó 100 mil hectáreas, superando la meta inicial, al tiempo que había batido récord en incautación de cocaína.

Visto todo lo anterior es evidente que se requieren más esfuerzos para revertir de forma definitiva la tendencia alcista de los narcocultivos, sobre todo para cumplir con la meta de reducir la siembre de hoja de coca y la producción de cocaína a la mitad para finales de 2023.

En el inmediato horizonte solo aparecen tres alternativas realistas: la primera, redoblar los operativos de erradicación forzada, poniendo especial énfasis en combatir la resiembra de cocales, que hoy es el mayor flanco débil. En segundo término, podrían acelerarse los pactos con los campesinos sobre destrucción voluntaria y compensada de cocales. Y, en tercer lugar, agilizar la expedición del decreto que viabiliza la reanudación de las fumigaciones con glifosato, acorde con los estrictos protocolos sanitarios y ambientales señalados por la Corte Constitucional.

Como se señaló al comienzo, la lucha contra el narcotráfico está llena de altibajos. La corrección del rumbo no era fácil y si bien se han logrado avances en el último año y medio, todavía son insuficientes para volver al sendero positivo. Sin embargo, al Estado, al Gobierno, a la Fuerza Pública y a la mayoría de la sociedad se le ve voluntad de seguir combatiendo este flagelo, sabedores todos de que bajar la guardia o rendirse a lo único que conduciría es a la debacle nacional irremediable