• Debate serio y responsable a nueva Ley de Financiamiento
• Congreso y el reto de no caer en el populismo oportunista

“Sin prisa pero sin pausa”. Así reza un conocido refrán popular referido a que ante temas urgentes se debe actuar con celeridad y eficiencia pero sin caer por ello en la improvisación y la irresponsabilidad. Y es eso, precisamente, lo que se le está pidiendo al Congreso respecto al trámite del nuevo proyecto de Ley de Financiamiento que el Ejecutivo se vio obligado a presentar otra vez luego que la Corte Constitucional, a comienzos de octubre, declarara inexequible, por vicios de forma, la aprobada a finales del año pasado con el fin de nivelar las finanzas públicas y ofrecer incentivos tributarios a las empresas para que aumenten su rentabilidad y generen más empleo.

Si bien el alto Tribunal indicó que los efectos de la fallida ley seguirán vigentes hasta el próximo 31 de diciembre, continúa estudiando otra serie de demandas de fondo contra varios artículos de la reforma tributaria. De hecho ya la semana pasada dejó sin piso el que establecía una sobretasa en el impuesto de renta que paga el sector financiero, lo que significa algo más de $250 mil millones menos en el recaudo de la Nación. Ahora los magistrados analizan la constitucionalidad de las modificaciones al régimen simple, el impuesto de renta, los mecanismos para cubrir los gastos desfinanciados del presupuesto, las exenciones al IVA y otros tributos que pagan las empresas, la nueva carga impositiva a la venta de bienes inmuebles, así como los peros a la vigencia del impuesto al patrimonio…

Si bien en el caso de la malograda sobretasa el riesgo del hundimiento en la Corte era muy alto, sobre todo porque el artículo respectivo no tuvo, en su momento, el aval del Ejecutivo, en el caso de las otras demandas hay más preocupación ya sea por el monto de recaudo estimado en riesgo o porque están en vilo los incentivos a las empresas, los mismos que han sido determinantes para el proceso de reactivación productiva que tiene a la economía colombiana creciendo por encima del 3% mientras que el promedio latinoamericano no sería superior al 0,5%, según estimativos de la banca multilateral, la OCDE y la Cepal.

Visto lo anterior es claro que la seguridad jurídica de la estructura tributaria -clave para seguir creciendo y atraer más inversión extranjera- corre un doble peligro. De un lado está la inexequibilidad de la primera Ley de Financiamiento, que prendió las alarmas de las firmas calificadoras de riesgo, y, de otro, la posibilidad de que la Corte siga declarando más artículos inexequibles por razones de forma y fondo, ya que -como se dijo- la mayoría de las normas tributarias aprobadas a finales del año pasado fueron incluidas, sin cambiarles una sola coma, en el nuevo proyecto radicado hace tres semanas.

Ese es el complejo debate con que deben comenzar esta semana las discusiones en las comisiones económicas conjuntas. El Gobierno está urgiendo al Congreso una rápida aprobación de la nueva iniciativa, basado no solo en que el articulado es casi idéntico al aprobado en el Parlamento a finales de diciembre el año pasado, sino porque ahora -cifras en mano- están probados sus efectos positivos tanto en materia de recaudo como de reactivación productiva. A su turno, gremios y otros voceros del sector privado y de centros de análisis económico coinciden en que Senado y Cámara tienen que ser eficientes en el trámite de la iniciativa, ya que hay menos de ocho semanas para aprobarla y que pase a sanción presidencial para aplicarse en la vigencia fiscal de 2020.

La responsabilidad, entonces, recae en el Congreso. Nadie está pidiendo que se le dé vía libre al proyecto tributario a punta de pupitrazos. Tampoco que se acelere la discusión corriendo el riesgo de caer en los vicios de forma y fondo que ya llevaron a la derogatoria modulada de la primera Ley de Financiamiento. Debe procederse a debates serios, responsables, argumentados, ajenos al populismo, la demagogia y la politiquería oportunista. Todo lo que se haga por mejorar esta nueva modificación impositiva es bienvenido, tanto desde las bancadas parlamentarias como desde otros sectores. Debe quedar claro, también, que no hay tiempo ni margen de acción para convertir este proyecto en la tantas veces prometida pero nunca concretada reforma tributaria estructural. Como se dijo, es imperativo que esta iniciativa sea aprobada antes de terminar el año, pues tanto el proceso de reactivación económica, la obligatoriedad de mantener la solvencia fiscal en medio de un escenario externo complejo así como la confianza inversionista están en juego. La ruta en el Congreso, como se anotó al principio, está clara: “Sin prisa pero sin pausa”.