- Los largos tentáculos de la corrupción
- Expectativa por objeciones presidenciales
Pensar que sería fácil la creación de una jurisdicción especial, para tratamiento de los delitos no amnistiables en el marco del acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las Farc, no podía ser sino producto de la ingenuidad. La historia de la justicia colombiana, todavía en formación, demuestra precisamente que la consolidación jurisdiccional, bien sea en materia civil, administrativa, penal, laboral o de cualquier otra índole, puede llevar un lapso de siglos.
Ahora, el escandaloso caso descubierto por la Fiscalía General de la Nación, a cargo de Néstor Humberto Martínez, en el que se imputan cargos de soborno a uno de los fiscales de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), a fin de incidir en el proceso sobre la extradición de alias ‘Jesús Santrich’, ha develado la triste y tenebrosa condición de lo que allí está ocurriendo.
En efecto la Fiscalía capturó in fraganti al dicho fiscal el viernes pasado, cuando recibía en efectivo parte del anticipo de 500 mil dólares de un soborno que, en consonancia con las pesquisas del ente acusador, cubriría parte de la cifra total de dos millones de dólares para, supuestamente, incordiar la extradición del exnegociador de las Farc, acusado por la justicia de los Estados Unidos de operaciones de narcotráfico tras la firma del acuerdo de paz, que empezó a regir el 2 de diciembre de 2016.
Los magistrados de la JEP emitieron un comunicado diciendo que ni habían nombrado al fiscal detenido ni tampoco este tenía que ver directamente con los procedimientos del caso sobre la extradición de ‘Santrich’. No obstante, de lo relatado por la Fiscalía parecería claro que el capturado se movía como pez en el agua dentro de la entidad de la justicia transicional y que eventualmente parte de los sobornos tendría que ver con otros cómplices.
A esta situación se suma el hecho de que el propio gobierno de los Estados Unidos ha reiterado que no enviará más pruebas diferentes a las descritas en el indictment. Este documento llegó hace tiempo a manos de las autoridades colombianas pero agentes de la JEP decidieron que necesitaban elementos de juicio adicionales, de carácter probatorio, con el objeto de saber si ‘Santrich’ y otros implicados habían delinquido antes o después de la firma del proceso de paz.
Para la Fiscalía es claro que, al ser el narcotráfico un delito de tracto sucesivo y de ejecución permanente, en diferentes países, ‘Santrich’ debía estar en la cárcel, como en efecto ocurrió. Es decir que la tentativa de exportar diez toneladas de cocaína pudo haberse dado antes de la firma del proceso de paz, pero la ejecución del delito llevarse a cabo después. En ello ha sido clave el sobrino de alias ‘Iván Márquez’, quien se encuentra en los Estados Unidos como testigo de cargo.
Al mismo tiempo, la Ley Estatutaria de la JEP está pendiente de si el presidente Duque la sanciona o si la objeta parcial o totalmente por inconveniencia. Ya se sabe que la Corte Constitucional le dio vía libre, dentro de sus facultades, que son estrictamente jurídicas y no se refieren a las atribuciones políticas que tiene el Jefe de Estado en materia de firmar o no una ley de acuerdo a las conveniencias nacionales. Entendido que el presidente Duque, incluso desde su época de senador y dentro de la campaña presidencial que ganó, llevó a cabo varias acciones públicas con el objeto de ajustar la justicia transicional, no se entendería que justo cuando le llega la ley para firmarla, avale con su rúbrica los procedimientos a los que una y otra vez se opuso de antemano. Es muy posible, entonces, que no objete la Ley Estatutaria de la JEP totalmente, pero sí recurra a objeciones parciales para que el Congreso entre a discutir el tema.
Inclusive, el propio Fiscal General de la Nación envió en los últimos días una carta al Primer Mandatario, señalándole los puntos débiles que, a su juicio, tiene la JEP frente a la acción de la justicia ordinaria. Se dice, también, que el partido de gobierno no sólo objetaría la ley estatutaria, sino que entraría a presentar una reforma urgente. Sería ello, por supuesto, un galimatías, por cuanto el Presidente de la República tiene perfectamente activas sus atribuciones para resolver de una vez el problema, antes de la sanción de la ley entrante.
Sea lo que fuere, pues, la JEP está hace tiempo en medio del ojo del huracán. Y ahora peor, al aparecer infectada de corrupción, dentro de un nuevo escándalo que sacude al país.