La admonición del Fiscal
El compromiso del Estado
Entre los asuntos que más preocupan a los expertos en negociaciones de convivencia y paz, en un país azotado durante más de medio siglo por la violencia, se destaca de manera protuberante y constante el tema de la seguridad jurídica. No faltan los que consideran que la negociación estatal de paz debe estar signada por la diplomacia meliflua y engañosa, que pretende que el arte de la diplomacia se reduce al engaño del otro y a no dejarse timar del contrario. En los sectores de los alzados en armas no faltan los que pretenden lo mismo, agitar el olivo de la paz y de la convivencia, cuando por años no consideraron otro mecanismo de poder que las armas con la finalidad de controlar algunas zonas del país en las que prevalecen los cultivos ilícitos, fuente de multimillonarios ingresos. Es evidente que los subversivos han recibido golpes terribles y que el Plan Colombia ha sido un instrumento esencial para combatirlos y reducirlos a sus madrigueras, lo que con las bajas en el Secretariado de sus principales comandantes los redujo a la guerra primitiva de guerrillas y los atentados terroristas. Razón por la cual se encuentran negociando en La Habana, lo que no quiere decir que por eso estén acabados, aún conservan una gran capacidad de daño. La potencia subversiva no se calcula solamente por el número de sus efectivos y auxiliares, se debe valorar la capacidad que tengan de golpear los centros económicos como son los oleoductos, los ejes productivos agrícolas y el transporte. Lo mismo que la capacidad de reacción del Estado.
Es claro que para negociar la desmovilización de los subversivos se requiere de verdaderos propósitos de paz y no se trata de engañar al contrario. Es fundamental tener en cuenta la experiencia que tuvimos en otros procesos de paz que han resultado tan benéficos para el país. Procesos en los cuales el Estado cumplió y se mantuvo la seguridad jurídica, tal el caso del M-19 y otros grupos de desmovilizados. Y como sostiene con razón el fiscal Eduardo Montealegre, no se puede caer en la trampa de los que pretenden hacer “conejo” a los paras. Es obvio en el campo de las instituciones internacionales que están atentas a los procesos de paz, que el Estado está en la obligación de cumplir sus compromisos. Lo mismo que es un hecho elemental que las Farc y otras organizaciones subversivas como el Eln, siguen de manera atenta y con sus asesores la suerte del la Ley de Justicia y Paz, que se pactó con los paramilitares. Por lo que de no cumplirles a éstos, de ninguna manera los subversivos atenderán los compromisos con el Estado. Lo mismo que el Gobierno no está por incumplir la palabra empeñada, tiene un compromiso de paz no solamente con la subversión, lo tiene con Colombia y la comunidad internacional.
Si bien existe la posibilidad de la intromisión de los sectores judiciales politizados de torcer mediante el sistema de abocar tutelas y producir fallos, tergiversando lo pactado entre las partes que están por la paz. En tal sentido le compete al Gobierno comprometer a las fuerzas representativas, los partidos y las instituciones, en particular la magistratura con la paz. Como sostiene el fiscal Montealegre: el hecho de que en la mayoría de los casos no se haya dictado sentencia, no es excusa para no conceder a los que se acogieron a los beneficios de la ley. “El Estado no puede hacer conejo al paramilitarismo”. Y esa es una verdad de a puño, en cuanto los subversivos que negocian en La Habana, saben qué terreno pisan, incluso van más lejos en cuanto están por una amnistía inmediata.
En el ámbito internacional en lo que se refiere a los procesos de paz, que son apoyados por la ONU y sus organismos, se procura que los acuerdos sigan precedentes y sean generales. Sin atender tanto al bando al que pertenecen los que se acogen al desarme y la distensión, sino la finalidad suprema de alcanzar la paz negociada en un medio atormentado por la violencia durante varias generaciones.