* Gana terreno delincuencia común y organizada
* El Estado parece en fuga en muchos territorios
Al cumplirse los primeros seis meses de mandato de los gobernadores y alcaldes es evidente que la principal problemática a nivel regional y local es la inseguridad urbana y rural. Si bien desde la campaña electoral este flagelo ya figuraba como la mayor preocupación de la ciudadanía y a la hora de las urnas pesó mucho lo que cada candidato proponía en cuanto a cómo enfrentaría a partir del 1 de enero la escalada de violencia, terrorismo y delincuencia común en su respectiva jurisdicción, la situación se complicó se forma sustancial a lo largo de este semestre.
Aunque las estadísticas del Ministerio de Defensa señalan que hay una serie de delitos de alto impacto que han disminuido, las autoridades territoriales advierten un escenario distinto. Denuncian que hay una ola de extorsión sin precedentes, un aumento exponencial de hurtos, casos de sicariato, así como de asesinatos de líderes sociales y desmovilizados. A ello se suma un auge de narcocultivos, el incremento del desplazamiento y confinamiento forzado de población, así como de reclutamiento ilegal de menores de edad por parte de grupos guerrilleros. Igualmente, el número de masacres ya supera la treintena en tanto que regiones como el suroccidente del país están sometidas a una ofensiva violenta contra la Fuerza Pública y la ciudadanía por parte de grupos residuales de las Farc.
Lo más grave es que el deterioro del orden público y la seguridad se da tanto a nivel de zonas rurales como urbanas. Incluso, las líneas diferenciales entre la delincuencia común y organizada se han ido diluyendo, dando paso a fenómenos criminales de mayor complejidad en donde una misma organización trata de controlar “a sangre y fuego” los negocios ilegales de mayor espectro y más rentables (sembradíos ilícitos, narcotráfico, minería ilegal y contrabando) hasta las actividades de enfoque más urbano como extorsión, secuestros, microtráfico, prostitución y robos a personas y vehículos, entre otros. El accionar del ‘Estado Mayor Central’ de las Farc, el ‘Clan del Golfo’ y el ‘Tren de Aragua’ son ejemplo de este modus operandi que, de entrada, hace más difícil la efectividad de la Fuerza Pública, Fiscalía y jueces para golpear y desarticular estas macroestructuras del crimen.
A lo anterior debe sumarse que el país asiste, entre el temor y la resignación, a una pérdida innegable de la capacidad del Estado para imponer la institucionalidad en muchos territorios. Por efecto de los cese el fuego derivados de la accidentada política de “paz total”, así como de vacíos y mensajes contradictorios en la estrategia gubernamental de seguridad y orden público, la operatividad de la Fuerza Pública se ha visto restringida. Esto ha llevado a un peligroso fortalecimiento de esa mixtura cada vez más evidente de la delincuencia común y organizada, con miras no solo a controlar narcotráfico, minería ilegal y otras millonarias rentas ilícitas, sino a desplazar la autoridad y legitimidad del Estado en muchos enclaves territoriales, en donde la población inerme queda sometida a los directrices y abusos de estas facciones.
Pero no son solo los gobernadores, alcaldes, concejales y diputados los que advierten de este retroceso dramático, como lo señala un informe que publicamos en esta edición dominical. Tras un alarmante primer informe de su Observatorio de Seguridad, el presidente de la ANDI y del Consejo Gremial señalaba este viernes que “Colombia no puede descuidar su seguridad. Si eso llegará a pasar, vamos a tardar muchos años en recuperarla. Se debe hacer un esfuerzo importante por generar a sus ciudadanos una mayor seguridad”.
Los informes de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, tal y como los reportes periódicos de la Misión de Observación de la ONU y de múltiples oenegés también reiteran que el accionar delincuencial está desenfrenado. Y, como si lo anterior fuera poco, en medio de las múltiples crisis e incertidumbres que afectan al país, incluso las derivadas de los bandazos y radicalismos en las políticas gubernamentales, las encuestas continúan evidenciando que la inseguridad en las calles y los campos es la principal preocupación de la ciudadanía.
No en pocas ocasiones hemos recalcado en estas páginas que el Gobierno no atiende diligentemente el llamado ni el clamor de las autoridades territoriales y de la opinión pública para que el Estado garantice su vida, honra y bienes. Por el contrario, en una actitud por demás lesiva e indolente, desde la Casa de Nariño y el propio Ministerio de Defensa se ha tratado de imbuir en el clima de politización política imperante las solicitudes desesperadas de los gobernadores y alcaldes para que se reformule la política de seguridad y orden público, empezando por asignarles más pie de fuerza militar y policial. Aunque se han aplicado algunos correctivos, lo cierto es que el panorama es cada día más crítico, con una reconfiguración del mapa criminal y una población cada vez más victimizada y acorralada.
Lo dijimos en editorial anterior y lo ratificamos: en muchas zonas del país el Estado y su imperio legítimo de la ley y el orden parecen en fuga y ese espacio lo están ocupando, poco a poco, distintos factores de violencia. Grave de toda gravedad.