* Pandemia evidenció debilidades de sistema educativo

* El Gobierno puede hacer de la crisis una oportunidad

Es inaceptable que a estas alturas más de dos millones de niños de diferentes ciudades y regiones del país sigan privados de su derecho a regresar a clases presenciales. Vienen así por el cierre dispuesto por las autoridades sanitarias desde marzo de 2020, para evitar la propagación del covid-19.

Más de 70% de los establecimientos oficiales y la mayoría de los privados regresaron a clases, pero ello no oculta la dura realidad de que los 10 millones de colombianos en edad escolar están, sin duda, entre quienes concentran los mayores perjuicios por la descomunal crisis que provocó la pandemia en el país.   

Expertos en educación de todos los continentes han señalado los graves impactos en la formación de los estudiantes debido a la imposibilidad de socializar y de las imperfecciones técnicas y académicas de la educación virtual, situación que se agrava en países como el nuestro, afectados por la inequidad y la pobreza, donde millones de familias no tienen computador ni conectividad a Internet y en los que la escuela cumple un importante rol para proteger a los niños de la violencia y del crimen así como en  atender o remediar carencias en múltiples campos, como la alimentación o el suministro de material didáctico.

La pandemia ha sido para América Latina y el Caribe una verdadera catástrofe que se expresa en desempleo, deterioro de la calidad de los sistemas de salud y educación, y aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema (14% de los niños de la región perdieron a sus cuidadores). 

Lo dejaron claro en los últimos días Unicef, Cepal y Unesco en su llamado urgente a los gobiernos para reanudar las clases presenciales en todos los colegios. Afirman que se trata de la peor crisis educativa de la historia. Según el Banco Mundial la pérdida de productividad por el cierre prolongado de escuelas producirá una caída equivalente al 16% del PIB regional.

En Colombia el cierre forzoso de los planteles evidenció las enormes y hasta ahora insalvables diferencias que existen en nuestra educación, entre el país pudiente, con padres que pagan bonos de acceso y matrículas caras en colegios excelentes para dar a sus hijos educación de calidad, y aquel de las mayorías con recursos limitados que deben confiar a los menores a la débil educación oficial.

Lo que vivió el país con el cierre de la educación fue para millones de personas una enorme tragedia en la cual el cese de los colegios coincidió para muchos con pérdida del trabajo y del ingreso. Millones de estudiantes quedaron excluidos de clases. Según el DANE, apenas un poco más de la mitad de los hogares colombianos tiene acceso a Internet, la mayoría en zonas urbanas (solo 20,7% en las rurales). Casi la totalidad de las familias de estrato 6 tiene conexión a la red mientras que en el estrato 1 solo el 17%. Casi la mitad de los colegios oficiales no tiene acceso a las TIC y otros enfrentan grandes precariedades, con infraestructura vieja o desueta e incluso con necesidades básicas insatisfechas (7% sin energía y 11% sin agua).

Cabe ahora al nuestro y a los demás gobiernos la responsabilidad de hacer de la crisis una oportunidad. Hay que convertir la reapertura y la recuperación en instrumento para lograr sistemas educativos más equitativos e incluyentes. Es fundamental al respecto en Colombia que la disminución del PIB no represente reducción en el gasto educativo, pues se requieren grandes inversiones para mejorar la infraestructura y la dotación de los colegios públicos, fortalecer la formación de los docentes y mejorar los contenidos con la mirada puesta en los grupos más vulnerables: población rural, indígenas, afrodescendientes y migrantes.

La oposición de Fecode, el sindicato de los maestros, al regreso a la presencialidad, fue tan beligerante como irracional y dilató innecesariamente el proceso, dado que la comunidad educativa fue priorizada en la vacunación y el gobierno destinó 700 mil millones de pesos a través del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME) para la adquisición de los materiales e instrumentos necesarios para garantizar el regreso seguro a las aulas. A ello se suma que desde hace semanas comenzó la inmunización a mayores de 12 años en nuestro país.  Ojalá en adelante impere la responsabilidad con los estudiantes, su familia, las secretarías que hasta ahora no lo han logrado y Fecode para que se reabran los planteles y se concentren -con las demás- en la reparación de los dos años perdidos tanto en aprendizajes como en la reconstrucción del bienestar emocional y material de los estudiantes.