- Profunda desfinanciación presupuestal
- Apremiante reducción del gasto público
AUNQUE hay ideas loables en torno a la creación de ministerios, definitivamente ‘el palo no está para cucharas’ por el desfinanciamiento presupuestal en Colombia.
Por el contrario, en buena parte de los países de la América Latina lo que se está presentando es una disminución de despachos, en el propósito de mejorar las cargas del Estado y conseguir mayores recursos para la inversión. El eje central de la campaña presidencial en el Brasil, por parte de los nuevos actores políticos, consiste precisamente en la propuesta de reducir o fusionar ocho ministerios. Del mismo modo, el presidente Mauricio Macri, en Argentina, ha propuesto eliminar once despachos con miras a mejorar la exposición frente a la multimillonaria deuda que se adquirirá con los organismos multilaterales para subsanar la calamitosa economía gaucha. En la misma dirección, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, ha propuesto abolir un par de carteras en el propósito de reducir el gasto público.
En Colombia, por el contrario, se está formulando la creación de los ministerios de la Ciencia y la Tecnología, el Deporte y de la Familia y la Mujer. Pueden, como se dijo, ser ideas encomiables, pero no parecería el momento adecuado para incrementar los gastos burocráticos y las dependencias del Estado.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha sostenido ante el Congreso que existe un desfinanciamiento del presupuesto para el próximo año de 25 billones de pesos. Esta cifra significa, por ejemplo, la venta de tres empresas como Isagen y aun así se quedaría con un faltante multimillonario. Los ministros, por su parte, tienen un gigantesco déficit de inversión para sus despachos. Y la gran mayoría del presupuesto nacional se va, no sólo en gastos de funcionamiento, sino en el pago de la deuda, el sostenimiento de subsidios y las mesadas pensionales.
Es evidente que el aparato estatal del país requiere una cirugía de fondo. Sin embargo, en la Rama Judicial del poder público se propone, por el contrario, crear más cortes y añadirlas a las múltiples jurisdicciones ya existentes, como la JEP. De manera que ya no sólo serían las cortes tradicionales y las sumadas por la Constitución de 1991, además de las derivadas del proceso de paz, sino otras como el Tribunal de Aforados, a costos que en estos momentos causan alarma.
En la Rama Ejecutiva, la reducción del gasto público no ha sido más que paños de agua tibia. El ministro Carrasquilla tendría que hacer mayores esfuerzos en esa dirección si en verdad se pretende gravar con el IVA en alguna proporción la canasta familiar y hacer caja de manera apremiante.
Los márgenes de financiación son, como se dijo, muy estrechos y bien valdría una voz única del Gobierno en materia económica, presupuestal y tributaria, por cuanto no es aconsejable ver, día a día, la quejumbre en los medios de ministros y altos funcionarios pidiendo menos recortes. Circunstancia que termina minando, en efecto, la estrategia gubernamental general.
No se trata, por supuesto, de llegar a la situación colombiana de otras épocas cuando se redujeron o fusionaron varios ministerios, con resultados negativos desde el punto de vista de la administración pública. No sería aconsejable, de igual manera, llegar de nuevo a las mismas propuestas que hoy están a la orden del día en Argentina, Brasil o Ecuador. Pero tampoco es dable retar el encrespado ambiente con nuevos ministerios que, a la larga, determinarán paulatinamente un mayor gasto público. Es posible, frente a ello, realizar reformas estructurales al interior del Ejecutivo, sin que ello suponga un cambio en el consejo de ministros o nuevas entidades. La consigna central del presidente Duque, tanto en campaña como desde el gobierno, ha sido la de la austeridad. Y esa debe ser la conducta a seguir.
No tiene presentación el aumento del gasto público cuando lo que se requiere es su recorte en algunos casos. Por fortuna, claro está, los precios del petróleo vienen en ascenso, inclusive más allá de lo previsto dentro del Presupuesto General. Pero de la misma manera, en Colombia persiste una devaluación latente que tiene amplias repercusiones sobre la deuda, como sucede en otras latitudes latinoamericanas.
Es posible que el Ejecutivo requiera, en su cúpula, una reestructuración frente a ministerios, departamentos administrativos, institutos y empresas del Estado. La política de ciencia y tecnología no necesita particularmente ministerio, sino presupuesto, lo mismo que, por ejemplo, Coldeportes. Ante esto lo que interesa, en definitiva, es cuál va a ser la estrategia para propiciar la economía naranja. Y esto, más que un esfuerzo de centralización, puede requerir más bien una estrategia por sectores, en las dependencias ya existentes.