* El estado de cosas inconstitucional
* Peligran vida e integridad de los colombianos
Nunca, en sus treinta años de funcionamiento, el sistema de salud en Colombia había estado en el escenario de perplejidad y alerta máxima de los últimos días. De hecho, la semana que hoy termina es, seguramente, la más crítica (aparte de la pandemia) y la de mayor conmoción desde que se activó, a comienzos de la década de los 90, el modelo de aseguramiento para cerrar la abismal brecha de la atención médica de los colombianos, cuando ésta se adelantaba a través de una catastrófica y casi nula actividad y cobertura estatales.
Por supuesto, el sistema ha afrontado problemas con el correr de los años. Desde su debilidad financiera (obligando a salvavidas económicos periódicos de los gobiernos de turno); la cooptación de algunas EPS por la corrupción y la politiquería (la mayoría ya liquidadas); hasta las limitaciones en la periferia territorial y ciertas incoherencias estructurales de la integración vertical, entre otros.
Pero, aun así, el sistema siempre ha mostrado resiliencia y capacidad de corrección y superación, ya sea por la vía legislativa, administrativa o como producto de la jurisprudencia de las altas cortes. Ello explica por qué el modelo colombiano goza de índices sobresalientes en los listados mundiales, con indicadores muy por encima de otros países, cumpliendo anticipadamente metas de los Objetivos del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como curvas de morbilidad y mortalidad poblacional por debajo de naciones con igual nivel de desarrollo socio-económico.
Sin embargo, en los veinte meses de la administración Petro han ocurrido dos circunstancias alarmantes: de un lado, la crisis financiera se ahondó hasta límites insostenibles —en gran parte porque el Ejecutivo no ajustó la Unidad de Pago por Capitación (que establece los recursos que se trasladan a cada EPS por afiliados)— y, de otro, no giró a tiempo los llamados “presupuestos máximos” (costo de la atención de los pacientes más allá de los planes básicos obligatorios). Esto, supuestamente, con la intención del Gobierno de proteger su caja presupuestal, a instancias del colapso del sistema de salud.
La perversa combinación de esos dos factores llevó a que las aseguradoras entraran en causales de intervención por insuficiencia patrimonial y de reservas técnicas presupuestales. La propia Corte Constitucional, en sendos mandatos a la administración Petro para que se pusiera al día, constató esa grave e intencional anomalía, suscitando el gobierno una crisis prefabricada, o que, al menos pudo tener solución por métodos menos temerarios, inciertos e irritantes para los usuarios afectados. Basta en la actualidad con preguntarle en la calle a cualquier colombiano a fin de indagar su opinión desprevenida sobre el tema para confirmar que ha sentido un ‘raponazo’ a lo que consideraba parte inherente de su patrimonio y el de su familia, frente a las actuales e intempestivas intervenciones del sistema de salud. De este modo, han tocado las fibras más sensibles de la nación.
Porque ahora la intención gubernamental de derruir el modelo y nacionalizarlo, después de su estruendoso fracaso en el Congreso, es claramente la de implementarlo de forma atropellada por decretos, aunque se requiera de ley por ser razón de Estado. De suyo, a muchos parecería evidente la motivación gubernamental, a raíz de una vindicta política por la derrota de su “intangible” reforma en el Congreso, luego de rechazar durante más de un año, las posibilidades sensatas de una ley concertada y hacer los ajustes requeridos con juicio y planificación, incapaces de articular un acuerdo nacional al respecto, con operadores políticos dedicados a lanzar el pernicioso anzuelo del clientelismo como único objetivo e imbuidos de activismo, pero no concentrados en la filigrana y exigencias de las políticas públicas. Y, de este modo, dejando la vida y salud de los colombianos expósitas, presas de la incertidumbre y en grave peligro.
En efecto, la intervención por parte de la Superintendencia de Salud de la EPS Sanitas y de la Nueva EPS esta semana, como la petición de la EPS Compensar para que se proceda a su liquidación, finalmente tirando la toalla, es una clara consecuencia de la conducta gubernamental y su intención de “controlar” a como dé lugar el sistema, tal como hoy ya lo hace al manejar, directa o indirectamente, más de 25 millones de usuarios, con resultados impredecibles.
Todo ello, claro está, sin ningún tipo de plan previo, público, coherente o gradual, en suma, una estrategia susceptible de escrutinio y la socialización constitucional exigida. Además de no haber recurrido —en el momento oportuno— a las auditorías contables y administrativas que eran del caso (grave omisión que no se subsana con declaraciones extemporáneas y acciones tardías). Inclusive, los actos administrativos de intervención por parte de la Supersalud, aún si dentro de sus atribuciones, ya han sido puestos en entredicho por la Procuraduría y la Contraloría, producto de los vacíos jurídicos y procedimientos antitécnicos evidenciados. Y, seguramente, el Contencioso-Administrativo también tendrá la oportunidad de pronunciarse, con medidas cautelares y de suspensión incluidas.
Los colombianos, pues, comenzaremos a vivir un estado de cosas inconstitucional en materia tan vital y delicada, fruto —ciertamente— de una hecatombe elaborada a ciencia y consciencia.