Colombia no puede ignorar los dictados de la geopolítica en la defensa de su soberanía nacional, de sus intereses y su misma existencia como país libre e independiente, respetuoso del derecho internacional, los tratados y las convenciones que obligan a los gobiernos. Como la Corte Internacional de Justicia no puede transgredir los tratados entre los Estados, cuyo respeto es esencial para que prevalezca el orden internacional sobre la barbarie, como lo ha recordado, recientemente, el presidente Juan Manuel Santos; la Constitución colombiana en su artículo 101 establece que los límites de la nación "sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República".  Lo mismo que ha expedido un decreto que avala  "la existencia de una Zona Contigua Integral", que une todas nuestras posesiones insulares en el Caribe occidental”.

A lo largo de su historia nuestros gobiernos  han dado muestras del mayor respeto al derecho internacional y los tratados entre las naciones, como de las fronteras históricas con nuestros vecinos, y de buscar en lo posible la solución pacífica de los conflictos. Ese apego al derecho y la conciliación nos honra y es la estrella que ilumina nuestro proceder en el concierto global. Tenemos el deber insoslayable dentro de esa respetuosa tradición jurídica de respetar y defender el Tratado Esguerra-Bárcenas, que según los más reconocidos y sagaces expertos sigue vigente. Puesto que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que surge a raíz de la Conferencia de Dumbarton Oaks, carecía de facultades para derogarlo, suplantarlo, ni sustituirlo. No solamente no podía hacerlo, sino que carece de potestad para desconocer las fronteras legítimas, ni los tratados anteriores a su existencia posterior a la II Guerra Mundial.

A estas alturas de la evolución de la política expansionista y filibustera de Nicaragua, debemos denunciar la ilegalidad de su proceder en la acción infame de asaltar la buena fe de los políticos colombianos, de nuestros gobiernos, de nuestra diplomacia; así como del conjunto de países signatarios del Pacto de Bogotá, que obligaba de forma inequívoca a ese país a respetar los tratados, como de resolver de manera amigable los conflictos y en caso de graves dudas acudir a instancias interamericanas. Nicaragua no solamente intenta soslayar  el antiquísimo principio  de Pacta sunt servanda, sino que acude a la Corte Internacional de Justicia sin pasar por los trámites interamericanos establecidos y que se había comprometido a respetar, a sabiendas de que la Corte no tenía facultades para abolir el Tratado Esguerra-Bárcenas. Por tal razón, la denuncia que hizo en  la demanda contra Colombia, en ningún momento ha debido prosperar en dicha Corte, puesto que, también,  fue asaltada en su  buena fe. 

Como la juez china que estaba al tanto de las negociaciones entre el Gobierno de Nicaragua y la compañía de Hong Kong, por elemental conflicto de intereses ha debido inhibirse de actuar, como lo denuncian la excancillera Noemí Sanín y el internacionalista Miguel Cevallos. Puesto que es de tal magnitud el contrato entre esa empresa y el Gobierno de Managua, que en realidad no se trata simplemente de construir un Canal Interoceánico en ese país; el plan es mucho más ambicioso, convierte al país centroamericano en un enclave en Hispanoamérica de Beijin. El 13 de junio del presente año, la Asamblea de Nicaragua aprobó la  Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense en  el Canal, Zona de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas. La ley otorga la concesión por 50 años, prorrogables por el mismo período, a la empresa china HK Nicaragua Canal Development 3 Además, esta concesión le otorgaría a otra  del mismo dueño  “Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A”, la construcción de un oleoducto que conectaría espacios en litorales del Pacífico y del Atlántico; la construcción de dos puertos de aguas profundas, uno en el Pacífico y otro en el Caribe, ambos serían unidos por un canal seco por el que  transitaría  un ferrocarril de carga. También se crearían dos zonas de libre comercio y la construcción o ampliación de un aeropuerto internacional en cada una de esas zonas. Fuera de eso se les otorgan una variedad de concesiones a los inversionistas foráneos  que la oposición en Nicaragua considera que el país vendió su soberanía y se convierte en una colonia o suerte de protectorado del país asiático. Parte de ese canal se hará en zonas que pertenecieron a Colombia, puesto que ese país nunca tuvo salida al mar hasta por esas costas históricamente nuestras.

En la defensa del respeto al Tratado Esguerra-Bárcenas debe prevalecer la madurez política y la unidad nacional.  No tienen caso los divisionismos ideológicos, ni la pusilanimidad, ni la cobardía cuando se trata de defender nuestros derechos. Desde el momento que Nicaragua desconoció el Tratado Esguerra-Bárcenas  y el hecho indiscutible de haber  sido aprobado por ambos países, como por los respectivos congresos, se sumió en la ilegalidad, a sabiendas de que para invalidarlo se necesitaría el concurso de ambas partes. Por lo mismo el fallo de la Corte de La Haya, no anula el Tratado Esguerra-Bárcenas, puesto que apenas sugiere una nueva línea imaginaria, que muestra el desconocimiento del alto tribunal de la geopolítica del Caribe, al afectar los derechos humanos de los isleños colombianos de San Andrés y las islas circundantes nuestras, como las posibilidades de seguir con la pesca libre  en el  mar que ha sido  nuestro por siglos y la zona ecológica patrimonio de la humanidad de Seaflower .

El fallo de La Haya coloca a Colombia en la situación extrema de enfrentar una imposibilidad jurídica, material y moral, puesto que no estamos en condiciones de renunciar a la soberanía ni de transmitirla a otro país. El Gobierno nacional debe expresarse con absoluta claridad. Este es un momento crucial en el cual se tiene que abandonar la ambigüedad y las medias tintas. La diplomacia colombiana no puede seguir fallando en cuanto al lenguaje y sumirse en la vacilación y la atonía. El fallo de La Haya contraria la filosofía en la que se inspiró esa institución, puesto que  fuera de ser injusto, afecta a terceros países, como Panamá, Costa Rica y Jamaica, entre otros, que debemos unirnos en la defensa de nuestras soberanías e intereses.