La decisión de la alcaldía de Bucaramanga en torno a iniciar una estrategia de expulsión de los delincuentes extranjeros reincidentes, que en su mayoría son provenientes de Venezuela, abrió un debate de alto calado.

El burgomaestre, que tiene la recuperación de la seguridad como la principal bandera de su mandato, como se deriva del Plan de Desarrollo que presentó al Concejo, sostiene que es necesario acudir a esta estrategia para evitar que los criminales continúen victimizando a la población.

De hecho, desde el día uno de su mandato viene adelantando una cruzada contra la delincuencia de toda índole. En colaboración estrecha con la Policía Nacional, Ejército, Fiscalía y Migración Colombia, está implementando un Plan Candado en la ciudad, incluso en coordinación con un Bloque de Búsqueda.

“Aquellos que lleguen a Bucaramanga con la intención de respetar las normas y contribuir honestamente son bienvenidos, mientras que aquellos que busquen sembrar caos o violar las leyes serán expulsados. Es fundamental garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos”, afirmó el alcalde Jaime Andrés Beltrán.

De hecho, muchos de los capturados contaban con antecedentes por diversas infracciones, por lo que se espera que su expulsión contribuya a evitar la reincidencia en Bucaramanga.

Sin embargo, la estrategia del alcalde de la capital santandereana ha generado reacciones entre algunos mandatarios de la región y de los departamentos aledaños. Por ejemplo, se presentó una dura controversia con el gobernador de La Guajira, que incluso lo catalogó de ‘nazi’ y xenófobo. La réplica de Beltrán no se hizo esperar, recalcando que todas las expulsiones se estaban haciendo en coordinación con Migración Colombia y acorde con la normatividad vigente.

La polémica ha venido tomando eco a nivel nacional, sobre todo en ciudades y municipios en donde la delincuencia venezolana ha venido ganando territorio y se ha convertido en uno de los principales factores de violencia y victimización de la población.

En el Congreso también se han escuchado reacciones a favor y en contra de la propuesta de la alcaldía bumanguesa, en tanto que de un lado y otro se le pide al Gobierno nacional que tome cartas en el asunto, ya que es una cuestión que está en la primera plana de la opinión pública y se requieren decisiones definitivas al respecto. Obviamente, es un tema muy delicado que no puede resolverse a la ligera porque tiene múltiples implicaciones.