En  todos los países y en todas las épocas la relación entre la prensa y los poderes públicos y privados se ve sometida a permanentes conflictos. Y es natural que así sea. La prensa, en su condición de perro guardián de la democracia, y con el fin de mantener informada a la ciudadanía sobre lo que la afecta y es de su interés, busca develar lo que funcionarios y poderosos no tienen interés en que se conozca.

Pero una cosa es que la convivencia entre medios y poderes no sea muy pacífica y otra, muy distinta, es que los gobernantes hagan uso del poder de manera desmedida, ilegítima o arbitraria para limitar o cercenar los fundamentales derechos a la expresión, información y prensa.

Pues bien, esto es lo que viene sucediendo en Ecuador. Desde hace varios años el presidente Correa acude a medidas de toda índole para silenciar aquella  prensa que considera de la oposición. Su margen de tolerancia frente a la crítica y a la información que no le favorece es nula. En sus intervenciones públicas no desaprovecha oportunidad para insultar y descalificar periodistas y medios. Rompe periódicos e invita a los ciudadanos a que no los lean. Tacha a directores de medios, periodistas, y directivos de organizaciones civiles que trabajan en la defensa de la libertad de expresión, de corruptos, mentirosos, cobardes, sicópatas, tontos, ignorantes y otros  epítetos impropios de un gobernante. Promueve y apoya leyes que limitan la libertad e independencia de los medios. Utiliza medidas administrativas de carácter fiscal o laboral para presionar a medios y periodistas. Presiona a la empresa privada para que no paute en los medios objetivos y críticos. Demanda a unos y otros por vías penales y civiles. Baste recordar que en febrero de 2012 La Corte Nacional de Justicia, en sentencia que resolvió la demanda interpuesta por el presidente Rafael Correa, confirmó la condena al pago de cuarenta millones de dólares contra el periódico El Universo y sus directivos y la condena a tres años de prisión contra los directivos y el periodista Emilio Palacio por las opiniones contenidas en su columna publicada en El Universo el 6 de febrero de 2011. 

Y si bien el presidente Correa, en lo que mostró como un acto magnánimo pero que en realidad obedeció al rechazo de las medidas judiciales por medios y organizaciones del mundo entero, solicitó la remisión (anulación) de estas condenas y de las impuestas a los periodistas Calderón y Zurita, autores del libro El Gran Hermano, ha incrementado sus actuaciones contra el periodismo libre e independiente en Ecuador, lo que ha generado un ambiente de temor y autocensura en la prensa ecuatoriana.

En lo que podría considerarse como la estocada final a la libertad de prensa en Ecuador está a punto de ser aprobada por la Asamblea General de Diputados del país vecino la Ley Orgánica de Comunicaciones, la cual, debido a los excesivos controles y limitaciones que impone a los medios y al periodismo ha sido denominada “ley mordaza”.

El proyecto que se tramita, y que ha sido respaldado por el presidente Correa, desconoce los estándares mínimos que para garantizar el derecho fundamental a la libertad de expresión, información y prensa, se encuentran consagrados en  la Constitución de Ecuador y en los tratados internacionales aplicables en el país vecino.

Las normas propuestas convierten lo que hasta hoy ha sido el ejercicio de un derecho fundamental, la información, en un servicio público sometido al control y vigilancia del Estado a través del poder ejecutivo. Abre la puerta para intervenir contenidos, establece un régimen de sanciones y responsabilidades que podrían poner en riesgo la subsistencia de los medios, y estimula la concentración de los medios públicos en desmedro de los medios privados.

Como si lo anterior fuera poco, se afirma que por iniciativa del gobierno ecuatoriano se adicionarían nuevas normas tendientes a crear la Superintendencia de Comunicaciones que facultaría la intervención en las actividades y funcionamiento de los medios y a tipificar como delito el “linchamiento mediático” en virtud del cual los procesos de investigación periodística, especialmente los relacionados con denuncias de actos de corrupción, se volverían imposibles.

La aprobación de esta nueva ley no solo afectaría la prensa ecuatoriana, sino que se constituiría en un duro golpe para la libertad de expresión, información y prensa en el mundo entero.