- La apuesta de Vizcarra al clausurar el Congreso
- ¿Elecciones parlamentarias… y presidenciales?
El presidente del Perú, Martín Vizcarra, venía librando una lucha intensa con la oposición, que por tener mayoría en el Congreso lo estaba bloqueando políticamente desde el día uno de su mandato. Frente a ello procedió esta semana a defenestrarla y convocar a elecciones parlamentarias, pese a que en ese país prevalece la separación de poderes. La jefatura de Estado se inclinó así abiertamente a favor de la magistratura y los jueces que investigan y combaten la corrupción en las principales esferas del poder, incluidos varios expresidentes, ministros, congresistas y políticos de todas las tendencias.
Hace un par de meses el desesperado Mandatario ya había amenazado con el cierre del Congreso y acortar el mandato presidencial, con el fin de ir a unos comicios generales. Esa propuesta fue rechazada por el Legislativo entonces. Sin embargo, esta semana Vizcarra clausuró el Congreso, ante lo cual las mayorías parlamentarias respondieron inhabilitándolo para ejercer el cargo y llamando a la Vicepresidenta para que asumiera la Jefatura del Estado. Pero la maniobra no les resultó, la segunda a bordo presentó renuncia y el Presidente sigue en el poder, en espera de las elecciones parlamentarias para enero próximo, a las que, ahora sí, los congresistas depuestos quieren sumarle también el adelanto de los comicios para Jefe de Estado.
El confuso melodrama político se agravó cuando el gobernante acusó al Congreso saliente de intentar favorecer al fujimorismo en la elección de magistrados de la Corte Suprema, en una hipotética y torcida alianza que permitiría a Keiko Fujimori y otros correligionarios suyos salir de prisión preventiva y volver a la política.
Ello explica, precisamente, porque cuando el Presidente del ahora suspendido Congreso quiso imponer -con su anuencia inicial- a la vicepresidenta Mercedes Aráoz para reemplazar a Vizcarra, no recibió respaldo institucional fuera de los muros del Congreso y, por el contrario, generó un alto e inmediato rechazo popular. Al constatar la segunda a bordo que no contaba con el apoyo institucional necesario, dio un paso al costado, sosteniendo, incluso, que casi contra su voluntad se veía envuelta en el choque de poderes entre los representantes del pueblo y el gobernante.
La renuncia de Aráoz fue lo que finalmente permitió a Vizcarra afincarse en el poder, pese a que el Congreso incluso había declarado su ineptitud temporal. Aprovechando el nuevo impulso político el Jefe de Estado procedió de inmediato a formar un nuevo gabinete y relanzar el gobierno.
Sin embargo, el Parlamento cesado no se resigna y demandó ante las altas cortes su clausura y la citación a elecciones anticipadas. Algunos constitucionalistas estiman que la medida presidencial está amparada por la Carta Magna, mientras que otros sostienen que es ilegítima y rompe el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho. Para estos últimos Vizcarra cerró el Parlamento de manera “forzada” sobre la base de “una negación de confianza no ocurrida”. Alegan que, según la Constitución, cuando se dan dos vetos de confianza, puede el Gobierno invocar la norma para cerrar el Congreso. Sin embargo, para el grueso de los parlamentarios, esta situación no se concretó y el Presidente, entonces, se extralimitó en funciones.
A la par de todo ese debate jurídico se encuentra la multiplicidad de opiniones encontradas de distintos sectores nacionales a favor o en contra del gobierno, la creciente preocupación de los empresarios así como el descontento e incertidumbre en los cuarteles y hasta en el clero. Es así como el cardenal Juan Luis Cipriani manifestó que se tienen que ir todos porque la corrupción no la van a combatir los que están comprometidos con ella. “Recuerdo que hace poco el Presidente decía, el 28 de julio, que él se iba a su casa y que también los miembros del Congreso… Se ha dado el primer paso. Él ha enviado al Congreso a su casa, ahora falta el segundo paso, si es que vamos por ese camino, que es un camino peligroso”, indicó el alto jerarca. Insistió en que “la disolución del Congreso solo sucede cuando se niega la confianza a dos nuevos consejos de ministros, lo que no se ha dado. No existe el concepto de 'negación fáctica' de la cuestión de confianza esgrimida por el señor Vizcarra”.
Para el grueso de constitucionalistas, más allá de sus posturas políticas, la crisis debe resolverse sin transgredir la institucionalidad.
Por lo mismo esperan que las Cortes fallen sobre la demanda del cesado Congreso y se proceda a la normalización del funcionamiento de los poderes públicos, se realicen o no elecciones. En un país que tiene a varios expresidentes procesados por corrupción, especialmente relacionados con el escándalo de Odebrecht, que habría salpicado también a muchos parlamentarios, altos funcionarios y empresarios, es urgente recobrar la senda del Estado de Derecho.
Para los peruanos lo fundamental ahora es que se respeten las leyes, retorne la tranquilidad y que la prosperidad económica que goza el país no se vea afectada por el desorden y la inestabilidad política.