- Seis empresas interesadas, una buena señal
- Experiencia y confiabilidad, claves en subasta
Sin duda alguna constituye una buena noticia el hecho de que por lo menos seis empresas nacionales y extranjeras estén interesadas en asumir, eventualmente, el servicio de prestación de energía eléctrica en la costa Caribe.
A varios sectores sorprendió positivamente lo anunciado el viernes pasado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en torno a que seis consorcios presentaron documentación para optar a la precalificación en el proceso de venta de activos de Electricaribe. Como se sabe, esta compañía tuvo que ser intervenida con fines de liquidación por el Estado debido a los problemas críticos que afrontaba para poder prestar un servicio eficiente y de alta calidad en los ocho departamentos de la costa norte del país, en donde habitan más de 10 millones de colombianos.
Aunque meses atrás se creía que no habría mucha puja por hacerse a este negocio, lo cierto es que el hecho de que seis compañías estén interesadas es una señal muy positiva, sobre todo porque los requisitos mínimos para participar son muy altos, ya que buscan asegurar que las empresas que entren en la subasta de esos activos y por el negocio de la operación tengan músculo financiero y la suficiente experiencia en este campo.
Por ejemplo, entre los requisitos exigidos está que cada empresa tenga un patrimonio de 500 millones de dólares y posea experiencia en distribución o comercialización de energía o gas a más de 600 mil usuarios. Si el ofertante es un consorcio, entonces la compañía socia que acredite los requisitos técnicos debe certificar como mínimo la prestación a 400 mil usuarios (de los 600 mil requeridos en total) y tener por lo menos el 50 por ciento de participación en el consorcio.
Ahora viene una de las etapas más delicadas de todo el proceso: se inicia la verificación de requisitos. Según el cronograma el 12 de junio ya se sabrá cuáles compañías o consorcios cumplieron. Los seleccionados tendrán, entonces, acceso al cuarto de datos de Electricaribe, por un periodo de tres meses, para conocer la situación integral de la empresa. Según la Superintendencia, en esta fase también se programarán visitas de campo para conocer el estado de la infraestructura de servicio de la compañía, que incluye redes, estaciones, subestaciones e inventarios. Tras ello las empresas precalificadas deberán que estructurar su oferta y pasar a la etapa final del proceso: la subasta.
No hay que olvidar que ya desde el Congreso se le envió un salvavidas financiero a la crisis generada por Electricaribe, puesto que en el Plan Nacional de Desarrollo, que entró en vigencia hace una semana, se aprobó una sobretasa de cuatro pesos por cada kilovatio consumido por hogares de los estratos 4, 5 y 6, así como por los usuarios comerciales e industriales. De igual manera se aprobaron otras medidas referentes a facilitar la integración vertical en el sector energético en la zona Caribe, el aumento del porcentaje límite en cuanto a participación y comercialización de los distribuidores de energía en el mercado nacional y una salida para garantizar el pago del pasivo pensional de la empresa.
Eso sí, pese a que días atrás se publicó una información que sugería que el Gobierno nacional pagaría las deudas pretoma de la intervenida Electricaribe, la Superintendencia se apresuró a aclarar que el Estado nunca ha considerado asumir este pasivo que asciende a 800 millones de dólares. Por el contrario, dicho monto será sufragado con el producto de la enajenación de los activos de la empresa, en el marco de su proceso de liquidación y en el orden de pagos previstos por la ley. El único monto que asumirá la Nación es el valor del pasivo pensional y las deudas posteriores a su toma de posesión, esto con recursos del Fondo Empresarial de la Superservicios.
El proceso, entonces, va madurando poco a poco. Sin embargo, debe quedar claro desde ya que sea cual sea el nuevo operador o los nuevos operadores (el área se dividió en dos), en modo alguno puede permitirse que persista la cultura del no pago entre los usuarios o los robos de energía que se hicieron cosa de todos los días en muchos municipios de la costa norte. Las autoridades deben comprometerse a actuar en apoyo de la nueva compañía en la lucha contra estos flagelos.
Habrá que esperar, entonces, a que el proceso de subasta se consolide para saber si, de una vez por todas, los 10 millones de habitantes de la Costa norte pueden recibir un servicio eléctrico de calidad y pagar cumplidamente por él. Ya llevan muchos años sufriendo las consecuencias de uno pésimo, falencia que el Estado debe subsanar definitivamente.