Interesante el debate que se ha generado en el país alrededor de la decisión de la Fuerza Pública, sobre todo la Policía, de utilizar las llamadas “pistolas de choques eléctricos”. Tanto la cúpula del Ministerio de Defensa como de la misma Policía insisten en que el uso de esta clase de armas tiene como objetivo causar el menor daño posible cuando las autoridades se vean en la necesidad de reducir a alguna persona.

Desde ese punto de vista es claro que tiene lógica apostar por mecanismos que reduzcan las consecuencias físicas de quienes se resisten a ser capturados. Las mismas reglas de la guerra y del accionar de toda autoridad legítima armada enseñan que siempre debe existir un uso racional de la fuerza para reducir a quien se opone a someterse a la misma. Por eso se habla de neutralizar al sospechoso o al potencial enemigo utilizando para ello una escala progresiva de capturarlo, herirlo o abatirlo según el grado de amenaza que éste represente.

Es claro que siempre será mejor que la Policía o cualquier otra autoridad neutralice a una persona que se resiste a someterse mediante una descarga eléctrica que lo inmovilice, a que haga uso de armas de fuego que pueden herirlo gravemente, causarle la muerte o generar pánico ciudadano por las detonaciones al aire.

Los críticos de la utilización de estos artefactos traen a colación casos muy puntuales en donde es evidente que las consecuencias fueron más allá del objetivo normal de neutralización de la amenaza, pero no admiten que muchas autoridades en todo el mundo a diario usan estas pistolas sin que en la gran mayoría de los casos se presenten casos fatales o la persona impactada sufra secuelas graves y permanentes por las descargas eléctricas. Por ahora habrá que esperar qué pasa en Colombia y hacer los balances sobre los hechos y no sobre previsiones gaseosas.