* Lo que va de la Cámara al Senado
* No es una reforma, es un adefesio
Precisamente de lo que trata un sistema bicameral al estilo del colombiano consiste en ser garantía para que normas perjudiciales, como la “reforma” de la salud aprobada anteayer en la Cámara de Representantes, sean debidamente estudiadas, modificadas o rechazadas cuando el trámite llega al Senado de la República. Y de tal modo se obtenga una expresión democrática plena y depurada dentro de la trayectoria institucional.
En eso radica, justamente, la diferencia entre ambos organismos del Congreso. Por lo general, con una Cámara Baja más desprevenida y gritona y una Cámara Alta de mayor sindéresis y madurez en la cosa pública. De hecho, la jerarquía de la rama legislativa, en Colombia, no solo se da por tener el Senado ciertas funciones superiores o fungir su presidente, a la vez, del Parlamento en pleno. También, como se sabe, los senadores son elegidos en el país por circunscripción nacional. Y en ese sentido gozan de una mayor representatividad, más cobertura popular e igualmente responsabilidades políticas de más alcance.
Por su parte, no son muchos los países que dan una preminencia tan caracterizada al Senado de la República. Generalmente las diferencias con la Cámara de Representantes vienen dadas en aspectos funcionales, pero no hay esa categoría de senadores de origen nacional pues, por lo común, son elegidos en circunscripciones o distritos territoriales. En todo caso, en las diversas legislaciones el presidente del Senado se mantiene en la línea de sucesión del primer mandatario de la nación cuando surgen las circunstancias críticas correspondientes.
No obstante, de lo anterior interesa que, después de un año de todo tipo de vicisitudes legales y desarreglos administrativos, la “reforma” a la salud llegará el próximo febrero a manos del Senado. Esto, luego de que a comienzos de 2023 se pensó que su trámite sería expeditivo y cosa de un abrir y cerrar de ojos en la Cámara de Representantes. Pero no fue así. Comenzando por la demora en la presentación del texto que, si bien se había anunciado casi listo desde 2022, no estuvo en condiciones de socialización sino avanzado el primer trimestre del año.
Posteriormente el gobierno hizo caso omiso de la concertación a la que, en principio, dio alguna cabida. Por el contrario, ensoberbecido frente a los cambios sugeridos por los directores de los partidos y las bancadas parlamentarias mayoritarias, el presidente Gustavo Petro rompió la coalición que, incluso, le había permitido tramitar la lesiva reforma tributaria que hoy tiene, en parte, en ascuas a la economía colombiana, a pesar de los atinados ajustes de la Corte Constitucional (y los que faltan). Así mismo, como no gustó de las opiniones técnicas, despachó a los pocos ministros de peso con que contaba por haberse atrevido a debatir sobre el tema, pese a haberlos invitado a hacerlo.
Petro creyó, entonces, que era suficiente con recurrir a lo que llamó “la calle” para conseguir respaldo político a la “reforma”. Sin embargo, los inéditos “balconazos” en la Casa de Nariño, lo mismo que las manifestaciones convocadas a los efectos sirvieron de nada y más bien dejaron entrever una carencia evidente de sintonía popular. De suyo, desde entonces la imagen y popularidad presidenciales entraron en picada, por este y otros motivos, aunque todos, en general, a raíz de la improvisación, indisciplina y discordancia rutinarias.
Frente a esto, y con base en la idea regresiva y fracasada de estatizarlo todo, con la salud de punta de lanza, el gobierno se atrincheró aún más en el clientelismo o compra venta de conciencias en la Cámara de Representantes. Con el cuórum o votos de ciertos congresistas deleznables, lubricados de gajes y privilegios, la “reforma” llegó a la plenaria. Allí, profundizando los vicios clientelares que había prometido eliminar en campaña el gobierno metió más aceite a la aprobación de un paquete secundario de artículos, antes de las elecciones regionales de octubre. Y cuyos resultados pensó de antemano en un aliciente para lograr el beneplácito automático y posterior de la “reforma”. Pero la derrota electoral fue total. Por tanto, hubo de esperar a las desprevenciones del final de legislatura, en diciembre.
Y fue entonces, ciertamente, cuando los exabruptos de la “reforma” se hicieron de bulto. Aparte de las deficiencias constitucionales y las anomalías fiscales evidentes, pudo comprobarse el adefesio que aprobaron: la destrucción (no la reforma) del sistema de salud; la involución bajo las fementidas consignas de alteración (que llaman “cambio”); los multimillonarios pagos sin auditoría; y la entrega al más protervo clientelismo para que, no solo los politicastros se repartan a gusto las direcciones de los hospitales, sino que médicos y enfermeras deban su profesión a semejantes favores espurios.
A decir verdad, no es de sorprenderse con una conducta así en la Cámara de Representantes. Confiamos, por las diferencias palmarias antedichas, que el Senado, si no procede el archivo, haga una reforma en los aspectos necesarios. Pero a toda costa evite el saludcidio.