Amenazas de paro y reformas dilatadas

Falencias coyunturales y estructurales

Una vez más el fantasma de un paro judicial asoma. Esta vez por cuenta de la puesta en marcha de los llamados “centros de servicios judiciales” que el Consejo Superior de la Judicatura defiende como un paso más en la implementación de los cambios ordenados por Código General de Proceso, el avance hacia una mayor oralidad en el sistema y una metodología que permita a los jueces concentrarse en su labor jurisdiccional y descargarse de labores típicamente administrativas, que pueden ser sustanciadas por esas nuevas instancias. A su turno Asonal Judicial replica que la medida no fue socializada con los empleados de la Rama y que, en la práctica, se está afectando la labor de los juzgados civiles y de familia, no sólo porque se reforma el modelo de gestión de éstos, sino porque se aplicaron traslados inconsultos de funcionarios y rebajas salariales. A ello la Judicatura respondió que no hay tal detrimento en materia de sueldos y que este cambio ya estaba anunciado, al punto que hay experiencias piloto de estos centros en varias regiones del país con resultados positivos. Por igual descarta que los mismos tengan funciones jurisdiccionales, ya que éstas solo pueden ser ejercidas por los jueces y magistrados. 

En medio de ese rifirrafe, muy complejo de entender para el ciudadano de a pie, se volvió a hablar de la posibilidad de un paro, lo que encendió las alarmas en una ciudadanía que ya, a finales de 2014, sufrió las graves consecuencias de una parálisis en juzgados y tribunales que duró varias semanas. Aunque tanto el sindicato como el Consejo Superior de la Judicatura y el propio Ministro de Justicia dicen buscar mecanismos de consenso, lo cierto es que este nuevo pico de tensión pone en evidencia que el sistema judicial colombiano requiere una reingeniería que permita que su funcionamiento no esté continuamente amenazado por coyunturas derivadas de cambios administrativos y jurisdiccionales ordenados por los propios códigos y previstos en los cronogramas para su implementación gradual.

Esa reingeniería, como lo recuerda el país, estaba proyectada para ser tramitada en el marco de la llamada reforma judicial que se aprobó a mediados del año pasado, pero que con el correr de los debates en el Congreso se terminó focalizando en el llamado “equilibrio de poderes”, por lo que no profundizó en lo relativo al funcionamiento interno de la Rama. Por ello fue necesario llevar una nueva iniciativa al Parlamento, esta vez de corte estatutario y radicada a finales de septiembre, que busca desarrollar temas como la distinción entre las funciones de gobierno y administración judicial,  los controles para evitar el abuso del poder, filtros para la carrera judicial, mayor descentralización, nuevos mecanismos para garantizar la independencia de los operadores judiciales y otros ajustes. La iniciativa está en trámite pero los propios parlamentarios sostienen que su discusión es complicada debido no sólo a las profundas implicaciones del proyecto, sino a que está desarrollando una parte de la reforma de “equilibrio de poderes”, la misma que hoy se encuentra bajo la lupa de la Corte Constitucional y tiene encima varias demandas de inexequibilidad, la principal de ellas interpuesta por el propio Fiscal General de la Nación.

A ello se suma el tortuoso proceso para la elección  y conformación del Consejo de Gobierno Judicial, instancia clave dentro de la nueva arquitectura de la Rama, truncado por un cruce de demandas y denuncias sobre anomalías en la postulación y escogencia de sus integrantes. De esta forma la transición que se había planteado en la reforma de “equilibrio de poderes” no se ha podido avanzar y el Consejo Superior de la Judicatura, el alto tribunal que todos querían marchitar rápidamente, continúa vivito y coleando.

Como se ve, el panorama de la justicia en el país no ha cambiado de manera sustancial, ya que las problemáticas coyunturales y estructurales continúan afectando su funcionamiento y dilatando la entrada en vigor de los correctivos  ordenados tanto por el Congreso como por las propias instancias administrativas y jurisdiccionales. A ello se suma que el proceso de elección de los nuevos presidentes de las Altas Cortes se ve imbuido, una vez más, en los rumores sobre pulsos de poder en los máximos tribunales, tendencias gobiernistas y opositoras, demoras inexplicables para suplir vacantes que llevan muchos meses y escándalos alrededor de la conducta de algunos juristas…

Un panorama a cual más complejo en el cual, difícilmente, será posible que la administración de justicia eleve sus estándares de eficiencia y eficacia en el corto plazo, pese a ser una de las exigencias más sentidas y reiteradas de la ciudadanía.