SE  volvió costumbre entre los colombianos que a cada nuevo hecho que impacte la convivencia pública, como la de los colados en Transmilenio, algún legislador anuncie de inmediato y sin mucho análisis que presentará un proyecto de ley para crear tipos penales o aumentar penas a los infractores.

A esos legisladores se les olvidan las enseñanzas básicas del derecho penal, entre las que se destaca en el pasado la visión, en su momento renovadora, de Cesare Beccaria, en su tratado de los Delitos y las Penas, para no citar a autores más modernos, que han explorado en los últimos años sobre el tema y la razón de ser del castigo en reclusorios. Criterios según los cuales el sentido y finalidad del Estado no es la de mostrar los dientes de un poder represor a cada delito, pues  también le compete educar y resocializar a quienes caen en las redes del delito.

Contrasta la tendencia colombiana a clamar, de un lado, por crear más delitos y subir penas, en algunos casos absurdas, a infracciones menores o simples contravenciones, pero, por otra parte, seguir la pretensión de algunos funcionarios públicos de solicitar inmunidad y fueros penales. Se escenifica así el adagio popular según el cual la justicia es apenas para los de ruana. Entre tanto las cárceles se convierten en un polvorín, en donde el hacinamiento, en algunos casos, según datos oficiales, llega al 400 %. La ONU, entidades nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, denuncian que esa sobrepoblación en las prisiones afecta la dignidad humana de los presos. Si bien estamos lejos de las  satrapías de los antiguos regímenes comunistas del Asia, en donde la finalidad no solamente era castigar el indiciado, sino eliminarlo, es necesario enfrentar esta problemática.

El esfuerzo que hace el Gobierno por mejorar la calidad de vida de los colombianos, avanzar en desarrollo y cultura, también pasa por cumplir con las más elementales normas de derechos humanos, seguridad e higiene en las prisiones. Es preciso volver a la lógica de que la pena debe fijarse en proporción al delito cometido. Igual tienen que agilizarse  la justicia, así como propender a descongestionar las cárceles.