Las Zidres, un mecanismo necesario
Aplicación inflexible de filtros y controles
La creación de las llamadas “Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social” (Zidres) implica, sin duda alguna, el principal reto que en materia de desarrollo agrícola asume Colombia en los últimos años. Y lo es porque combina los tres elementos más determinantes del desarrollo y la equidad rural: la propiedad de la tierra, la rentabilidad del campesinado y la seguridad alimentaria. No se trata, en consecuencia, de un asunto menor, a tal punto que se calcula que bajo esta nueva figura agroindustrial se abarcará más de siete millones de hectáreas.
En articulado todo parece claro y diáfano: las Zidres son territorios especiales, aptos para la agricultura, la ganadería, la pesca o los desarrollos forestales, pero que no han podido ser desarrollados adecuadamente por requerir cuantiosas inversiones para la adecuación de los suelos, estar alejados de los centros urbanos, tener baja densidad poblacional y una limitación en cuanto a infraestructura productiva agroindustrial, comercial y de transporte. Aunque falta la respectiva reglamentación, que incluye hasta un documento Conpes, lo cierto es que esas siete millones de hectáreas están ubicadas preferencialmente en la Altillanura, La Guajira, el Urabá chocoano y La Mojana, esta última ubicada en la depresión momposina y que abarca territorios de Bolívar, Sucre y Córdoba.
Para nadie es un secreto que desarrollar proyectos productivos en esas zonas ha sido históricamente muy complicado, sobre todo en lo relativo a la Altillanura, en donde las características del suelo, ubicación geográfica y costos de inversión han impedido sacar provecho del que es considerado por los expertos como uno de los principales polos de producción de alimentos no sólo del país, sino del continente. Activarlo es clave no solo porque los concepto de seguridad y soberanía alimentarias se han convertido prácticamente que en asuntos de seguridad nacional en un mundo en el que la disponibilidad de suelos fértiles es cada día menor, sino también para un país que, como Colombia, ha ido aumentado progresivamente en los últimos años las importaciones de alimentos, al tiempo que la crisis económica y social del campo va en aumento, según lo evidenciaran las conclusiones del más reciente Censo Nacional Agropecuario.
Es allí en donde entran a jugar papel primordial las Zidres, no sólo porque permiten emprender proyectos productivos de alto calado, sino porque el Estado concurrirá con apoyo económico y asesoría agroindustrial, previendo para ello un mecanismo de asociación entre medianos y grandes empresarios con los campesinos propietarios, tenedores o trabajadores de la tierra, garantizando a estos últimos la opción de adquirir los predios a mediano plazo. Para que todo ello se cumpla, la ley contempla sistemas de autorización y verificación destinados a evitar que el campesinado sea desplazado por el gran capital o que de propietarios pasen a simples trabajadores de la tierra. Por igual se establecen controles para asegurar la sostenibilidad ambiental de los proyectos o que sean afectados territorios de minorías étnicas.
Sin embargo, los críticos de las Zidres, que ya anunciaron una cascada de demandas de inconstitucionalidad, sostienen que la norma tiene vacíos que permitirían que las grandes multinacionales y terratenientes locales terminen adueñándose de las tierras más fértiles del país, sobre todo de la Altillanura. Advierten, por igual, que el campesinado será progresivamente desplazado de sus pequeñas fincas y que la producción de alimentos no se destinará a los mercados locales, sino que iría a otros países.
¿Quién tiene la razón? En principio es claro que el Estado. No se puede caer en la ingenuidad de creer que un pequeño productor rural, por más que el Estado lo apoye financiera y técnicamente, puede desarrollar proyectos productivos rentables en suelos que requieren grandes inversiones en adecuación e infraestructura. Colombia es una potencia agrícola que no aprovecha su riqueza, eso es sabido. Las reservas y dudas respecto a la revolución que implican las Zidres son obvias y naturales, y está bien que sean puestas sobre la mesa en todo momento para que el Estado extreme sus controles y se evite que los predios productivos queden en manos de multinacionales y terratenientes. Democratizar la propiedad rural es un imperativo irrenunciable para la institucionalidad, como también garantizar la seguridad alimentaria, sobre todo cuando el cambio climático es una creciente amenaza a la misma. Bienvenida, pues, la nueva ley. Su aplicación e implementación es un reto de alto calibre, que no admite errores ni vacíos que afecten al campesinado, la rentabilidad rural o el medio ambiente.