En una economía que no levanta cabeza debido a distintos factores internos y externos, una de las fórmulas para imprimir algo de dinamismo al aparato productivo es que el Estado realice inversiones públicas que permitan impactar a la mayoría de los sectores de industria, comercio, consumo, así como de generación de bienes y servicios.

Esto solo es posible en la medida en que el Gobierno de turno, sobre todo en el orden nacional central, acelere la ejecución presupuestal, especialmente en cuanto a obras civiles y otros proyectos de infraestructura.

Sin embargo, esa no ha sido la nota predominante en los veinte meses de la actual Administración. Los niveles de ejecución presupuestal han sido muy bajos, como ya se denunció en el debate al proyecto de Presupuesto General de la Nación el año pasado en el Congreso, al punto que varias bancadas amenazaron con ‘castigar’ a los ministerios y demás dependencias que no actuaron con la suficiente diligencia para movilizar los recursos asignados.

Aunque la Casa de Nariño le dio un ‘jalón de orejas’ aparte del gabinete, así como a los titulares de agencias, departamentos administrativos, institutos, direcciones y otras entidades del orden nacional descentralizado, al final de cuentas los correctivos no fueron los esperados.

Prueba de ello es lo que denunció ayer la Procuraduría en torno a que varios ministerios se rajaron en la ejecución del presupuesto de inversión el año pasado. Hay casos alarmantes, como el del Ministerio del Deporte que dejó más de 241.000 millones de pesos sin comprometer ni contratar. Y pensar que la demora de esa cartera en pagarle a Panam Sport ocho millones de dólares terminó llevando a nuestro país a perder la sede de los Juegos Panamericanos 2027, un hecho insólito y vergonzante.

Según el Ministerio Público, las carteras de Comercio, Ambiente y Vivienda, con más del 66% de los valores contratados sin pagar, también tuvieron una baja ejecución del presupuesto de inversión asignado para la vigencia del año anterior.

Lo más grave de todo lo anterior, es que en este 2024 ya se dieron los primeros campanazos sobre la misma anomalía, con algunos ministerios, como el de Igualdad y Equidad, cuyos niveles de ejecución son extremadamente bajos en el primer trimestre.

No deja de llamar la atención que mientras el Gobierno insiste en estatizar la prestación de algunos productos, bienes y servicios, así como de poner un polémico ‘control’ a las vigencias futuras e incluso habla de una posible nueva reforma tributaria, sus ministerios y dependencias tengan el presupuesto consignado en bancos y sin ser invertidos de forma ágil y transparente.