No será menor el reto que tendrán que enfrentar los ecuatorianos en abril próximo, cuando tengan que acudir a las urnas para votar en el referendo mediante el cual se les consultará si están de acuerdo o no con que las Fuerzas Militares tengan un rol más directo en las operaciones contra el narcotráfico y otros delitos de alto impacto.

De hecho, en la consulta al constituyente primario, que quedó fechada para el día 21, la ciudadanía tendrá que decidir en torno a preguntas sobre la participación de militares en el control de armas o la posibilidad de que la Fuerza Pública emplee armamento decomisado a criminales. También sobre el aumento de penas para delitos vinculados al crimen organizado y la extradición de nacionales. A la par de esas propuestas, se les indagará en torno a si están de acuerdo con reconocer el arbitraje internacional en controversias comerciales o incluso en torno a si se autoriza el trabajo por horas.

Obviamente los temas de orden público son los que generan mayor discusión. Las normas constitucionales y legales en el vecino país señalan que las Fuerzas Militares tienen como misión principal la salvaguarda de la soberanía territorial y enfrentar amenazas eternas. La policía y otros organismos, a su turno, están encargados de mantener la convivencia ciudadana y combatir la delincuencia a nivel interno.

Sin embargo, a medida que las mafias del narcotráfico, minería criminal, grupos terroristas y bandas criminales de alto espectro fueron confluyendo en un solo fenómeno que disparó los índices de homicidios y violencia, se apoderó de las cárceles y tiene victimizada a la mayoría de la población ecuatoriana, ha sido necesario que las fuerzas castrenses entren a repeler esta grave amenaza a la institucionalidad y la prevalencia del estado de derecho. De hecho, tanto en el gobierno del renunciado presidente Guillermo Lasso como en el del actual mandatario Daniel Noboa ha sido necesario decretar sendos estados de excepción a nivel regional para movilizar personal militar contra las estructuras mafiosas.

Hay sectores de la izquierda radical que no están de acuerdo con el involucramiento militar en el combate a la delincuencia común y organizada. Paralelo a ello, tal como ocurrió en una cita a las urnas en el mandato Lasso cuando se consultó a la ciudadanía si autorizaba la extradición de nacionales, entre otros temas, ahora se denuncia que en algunas zonas y provincias ya los carteles y bandas están empezando a presionar a la población para que no vote o lo haga en contra en el referendo de abril, que fue citado luego de su aprobación en el Congreso.