* Esclarecer hasta el último detalle

* Urge extraer lecciones y correctivos

Máxima claridad y sanciones ejemplarizantes. Eso es lo que espera todo el país de la investigación que se está adelantando alrededor del polémico contrato que firmó el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (Mintic) con la Unión Temporal Centros Poblados para instalar siete mil puntos digitales en las zonas rurales más apartadas del país. Se trata de una de las apuestas de conectividad tecnológica más audaces de la última década en nuestro país, al punto que el monto total del contrato es de 1,1 billones de pesos.

Acorde con el cronograma establecido, se le giraron al consorcio, a modo de adelanto, 70 mil millones de pesos, pero ante las primeras inconsistencias se prendieron las alarmas. Las pesquisas iniciales revelaron que, presuntamente, una de las pólizas de garantía bancaria que presentó la unión temporal sería falsa. Ante ello se decidió profundizar en el resto de documentos presentados al momento de la licitación, perfeccionamiento y firma del contrato, encontrándose que otras pólizas también tendrían irregularidades. Obviamente, la ministra Karen Abudinen tuvo que ponerse al frente de toda esta grave situación e incluso frenar un segundo desembolso, esta vez por 25 mil millones de pesos, que el grupo de funcionarios encargado de vigilar el desempeño contractual, había autorizado.

A hoy ya la Fiscalía, Contraloría y Fiscalía están adelantando las respectivas investigaciones, no solo sobre las actuaciones del consorcio, sino también de los funcionaros del Ministerio, al tiempo que se rastrea el cómo y cuándo del origen de las pólizas y garantías posiblemente anómalas. También hay procesos administrativos sobre la firma interventora y se estudia la viabilidad legal de una posible caducidad del contrato con Centros Poblados. Igual se investiga si hubo anomalías en la revisión de la experiencia y capacidad  operativa y presupuestal de las cuatro empresas que componen la unión temporal, más aún ante versiones periodísticas que señalan que algunas de ellas ya habían contratado con el Estado y registrado problemas. Incluso, se trabaja con agencias de seguridad y judiciales de Estados Unidos para ayudar a ubicar la cuenta en que terminó depositado ese desembolso y gestionar su recuperación…   

Como es apenas obvio y natural a su función, el Congreso ya está ejerciendo control político sobre este delicado asunto. Y también resulta evidente, más aún en medio del arranque de la campaña electoral, que el tema se ha venido politizando, al punto que se está citando un debate de moción de censura y hasta exigiendo la renuncia de la Ministra, todo promovido desde sectores de la oposición, en tanto que desde otras bancadas se pide esperar a que las investigaciones empiecen a esclarecer qué fue lo que pasó y señalen las respectivas responsabilidades penales, disciplinarias, fiscales y administrativas, ya sea por acción u omisión.

La titular del Mintic ha tratado de dar todas las explicaciones posibles y pedido a los órganos de control llegar hasta las últimas consecuencias para imponer las sanciones del caso a todo nivel. Es claro que se trata de un hecho grave por tratarse de uno de los programas bandera del gobierno Duque en materia de conectividad digital, sobre todo en medio de la pandemia, en donde este servicio es aún más esencial. Y es que no solo hay que recuperar el dinero público embolatado, sino corregir todo el proceso para volver a prender motores en la meta de dar acceso a internet a miles de zonas rurales.

En medio de todo ello, ayer el propio Presidente de la República salió a respaldar a la Ministra, ratificando de paso que la urgencia del Gobierno no solo es recuperar los 70 mil millones de pesos sino esclarecer hasta el último detalle de este confuso episodio, con los castigos más drásticos posibles a los culpables.

Así las cosas, lo que urge es que los entes de vigilancia le den la debida prioridad a este proceso. Por ejemplo, debe establecerse si ese flagelo de las pólizas presuntamente falsas se ha dado en otros contratos y señalar nuevos filtros para aplicar en los futuros procesos licitatorios y de adquisición de bienes, productos y servicios por parte de entidades públicas. Hay que extraer lecciones y correctivos de toda esta situación.

Como se dijo, el objetivo inmediato en este caso del contrato del Mintic es uno solo: máxima claridad y sanciones ejemplarizantes.