* ¿A la dictadura se le creció el ‘monstruo’ que creó?
* Efecto de connivencia chavista con exFarc y elenos
La crisis de orden público en Venezuela sigue agravándose, específicamente en los estados fronterizos con nuestro país, en donde se han asentado grupos armados ilegales colombianos, sobre todo facciones del Eln así como de las disidencias y reincidencias de las Farc.
La connivencia de la dictadura chavista con estos componentes criminales no solo se ha ido profundizando sino que parecería que, poco a poco, esa irregular alianza se le está saliendo de control.
Uno de los casos más patentes es la situación en el estado de Apure, fronterizo con el departamento colombiano de Arauca. Allí desde hace varias semanas se vienen presentando combates entre grupos residuales de las extintas Farc. De acuerdo con las denuncias de distintas entidades, ONG y organizaciones nacionales e internacionales, los enfrentamientos militares entre las disidencias que comanda alias ‘Gentil Duarte’ y las reincidencias que lidera alias ‘Iván Márquez’, no solo generaron el desplazamiento de miles de venezolanos al casco urbano de Arauquita, sino que obligaron a las Fuerzas Armadas del régimen chavista a tener que enviar varios contingentes militares a la zona, sufriendo cerca de una veintena de bajas en sus filas.
Lo más grave es que la oposición y centros de investigaciones especializados han denunciado que aunque el gobierno Maduro sostiene que se entabló combate con ambas facciones de los exFarc, la verdad sería que las tropas oficiales estarían tomando partido por los grupos de ‘Márquez’, confirmando así la alianza entre la llamada “Segunda Marquetalia” y la dictadura.
No menos preocupante es el motivo de las refriegas entre ambas facciones: según el reconocido centro de investigación Crisis Group todo se debe a una pelea por las rentas ilícitas derivadas del narcotráfico y la minería ilegal, especialmente explotación de oro, una parte de cuyas ganancias son traspasadas a los mandos militares de la zona e incluso altas instancias. La OEA, Human Rights Watch, voceros de la oposición a la dictadura y otras ONG han coincidido en que hay evidente complicidad y connivencia entre la cúpula chavista con ‘Márquez’ y los bloques elenos en el vecino país, incluso ejerciendo funciones de violento ‘control territorial’.
Paradójicamente tanto el Palacio de Miraflores como la oposición han tratado de llevar el tema a Naciones Unidas, pidiendo que una comisión designada por el máximo ente multilateral viaje a la zona y constate sobre el terreno cuál es la realidad de la difícil situación de orden público, que ha incluido bombardeos, artillería pesada, combates directos en zonas rurales, uniformados asesinados por francotiradores y otras acciones que tienen atemorizados a los pobladores que están en medio del fuego cruzado.
No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que constituye un riesgo para la seguridad nacional de Colombia la complicidad entre el régimen dictatorial y esos grupos ilegales colombianos que, al tener a Venezuela como una especie de ‘retaguardia estratégica’, desde allí ordenan a sus frentes en nuestro país la ejecución de acciones terroristas contra la Fuerza Pública y los civiles, incluyendo asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, masacres y atentados contra la infraestructura.
Es evidente, como bien lo anotara días atrás un dirigente opositor, que al régimen chavista se le está creciendo el ‘monstruo’ que dejó asentar y operar a sus anchas en la franja fronteriza con Colombia. La muerte de no menos de 16 uniformados venezolanos ha impactado fuertemente en la atribulada opinión pública de la vecina nación, gran parte de la cual señala a la dictadura de Maduro de ser responsable directa por estas muertes debido a sus alianzas non sanctas con grupos exFarc y del Eln.
Tanto el gobierno Duque como las Fuerzas Militares de nuestro país han alertado de manera recurrente sobre cómo ese tipo de connivencias entre el chavismo y terroristas colombianos constituyen una grave amenaza a la seguridad de nuestra nación. La denuncia se ha elevado ante distintas instancias trasnacionales y multilaterales como la OEA y la propia ONU. En la primera sí existe eco pero en la segunda no se ha visto un pronunciamiento fuerte y tajante al respecto. Esa inacción del máximo órgano multilateral del planeta frente al actuar desaforado y amenazante de la dictadura ha llevado, poco a poco, a que el régimen no solo se enquiste más en el poder sino a que tenga la insólita y acendrada percepción de que todas sus ejecutorias, por más ilegales, peligrosas y violatorias de los derechos humanos que sean, han estado, están y estarán cubiertas por un manto de impunidad ¿Hasta cuándo?