*La iniciativa presidencial

*Debate parlamentario a la inglesa

Es  apenas natural que en cada legislatura el Gobierno nacional, los partidos y los congresistas emulen en presentar iniciativas y proyectos que consideran fundamentales para reformar las instituciones, adecuar a las necesidades actuales la educación y la justicia. Se trata de favorecer el desarrollo, propiciar el bienestar social y responder a los reclamos del electorado que clama por más seguridad, mejores servicios de salud, adecuado uso de los dineros públicos, más infraestructura y eficiencia del Estado. Es imperativo, en medio de un proceso avanzado de paz abocar no solamente situaciones que comprometen a los subversivos, es preciso facilitar y fortalecer el papel de las Fuerzas Armadas, crucial para que la sociedad tenga garantías duraderas de paz. La democracia demuestra su efectividad en la medida que las leyes que se aprueban en el Congreso atiendan los asuntos prioritarios que por medio de leyes justas propenden por mejorar la calidad de vida de los colombianos.

En el ambiente que se observa en el Congreso en estos momentos, los legisladores muestran una positiva inquietud general por cumplir con tan elevadas responsabilidades. Lo mismo que el Gobierno se propone intervenir con sus iniciativas para impulsar las leyes que considera más apremiantes, tal como lo hizo en el pasado con la Ley de Víctimas. Los medios de comunicación registran las distintas iniciativas. Se destaca la postura del presidente Juan Manuel Santos, que compartió con la cumbre de alcaldes de todo el país su decisión de intentar recuperar el sistema de equilibrio institucional que se ha visto afectado por la reelección que contrarió los postulados de la Constitución de 1991. Por lo que numerosas instituciones, juntas directivas y entes del Estado, que antes se modulaban parcialmente de gobierno a gobierno, pasaron a un predominio  del Ejecutivo, en algunos casos exagerado. Por lo que el gobernante considera que se debe reformar la Carta Política, en el sentido de modificar y ampliar los períodos del Presidente, los alcaldes y gobernadores, con la finalidad de que coincidan y se puedan adaptar a los planes nacionales de desarrollo y que su gestión no se vea paralizada por las saltuarias elecciones, que están sujetas a la Ley de Garantías. Lo mismo que considera que se debe abolir la circunscripción nacional de los senadores, dado que en la actualidad 13 departamentos en los cuales se concentra buena parte de la violencia, atraso y pobreza,  padecen de raquítica infraestructura, siendo de los más ricos, carecen de representación en el Senado de la República, lo que constituye una gravísima afrenta  a la noción misma de democracia.

La sociedad tiene claro que legislar no es lo mismo que hacer empanadas, por lo que en el Congreso existen una suerte de instancias que pasan por el interior de las bancadas partidistas, las comisiones especializadas, que suelen oír las inquietudes de las partes y de la sociedad civil, así como se dan los debates en Senado y Cámara, como en plenaria, incluso el tránsito por la Corte Constitucional, que  pasando por encima del tenor de la Carta de 1991 se arrogó la facultad de legislar so pretexto de atender derechos fundamentales.

Es preciso que ese ambiente de cambio y renovación que se percibe en el aire del Capitolio y entre los congresistas no se convierta en flor de un día, para que la política no se reduzca al tire y afloje de senadores y representantes, obsesionados por conseguir la cuota burocrática o aumentarla, que los lleva no pocas veces a romper la disciplina partidista a la hora de votar. En democracias más antiguas como la de Inglaterra, quienes se apartan de la línea del partido en la Cámara de los Comunes, deben renunciar a la representación popular. Aquí no pasa nada en esos casos, puesto que los congresistas se atienen a la mecánica política de intrigar por su cuenta en las instancias oficiales para conseguir sus objetivos personalistas. Otro vicio reconocido es la tendencia a oponerse por sistema a todo lo que propone la contraparte, lo que nos diferencia de la madurez de la democracia británica, donde se presentan proyectos de los partidos, que se debaten y las partes se esfuerzan por tratar de llegar a acuerdos positivos, fuera de mantener fijos algunos principios de alta política nacional sobre los que están de acuerdo los partidos de orden.