* Fiscalía ahonda en el escándalo
* Ahora, Brasil obligado a colaborar
Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, a cargo de Néstor Humberto Martínez, han profundizado mucho más allá de lo inicialmente previsto en el escandaloso caso de Odebrecht. Si bien, en principio se trataba de la corrupción aceptada por la firma brasilera ante las autoridades de los Estados Unidos, con lo cual así mismo se iniciaron las investigaciones en Colombia, ellas han trascendido esa órbita inicial gracias a las ingentes actividades del ente acusador colombiano.
Eso es de anotar porque evidentemente en la mayoría de los otros países, donde Odebrecht hizo de correa de transmisión de la más grande corruptela de que se tenga noticia en la historia de la América Latina, no han tenido la diligencia que se ha demostrado en el nuestro. De tal modo, la Fiscalía colombiana ha podido recabar pruebas y evidencias que llevaron a la confesión de los nuevos implicados y con ello demostró, concretamente, que los escabrosos índices no llegaban a los US$11 millones inicialmente presupuestados con base en lo admitido por la multinacional ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sino hasta un monto de alrededor de US$30 millones, es decir unos $84 mil millones. Lo cual, desde luego, no sólo demuestra el tamaño gigantesco de las maniobras, sino los tentáculos que confirman el carácter sistemático y casi formal de todo cuanto tiene referencia a la firma Odebrecht, tanto en el exterior como en el país.
Con ello, pues, tanto la Fiscalía como los órganos de control colombianos, en cabeza de la Procuraduría y la Contraloría, pueden acceder a las pruebas que les han sido negadas por las autoridades brasileñas, con las supuestas miras de proteger la reserva del sumario. Por el contrario, ahora se trata de una investigación eminentemente colombiana, de la cual pueden desprenderse legítimamente las declaraciones de indagatoria que sea menester hacer o verificar a los grandes implicados que se encuentran en Brasil y que igualmente hicieron parte de las directivas de la sucursal colombiana de Odebrecht.
Con las nuevas circunstancias encontradas, por lo demás, tiene ahora la Corte Suprema colombiana igualmente un importante acervo para producir una investigación en el término de la distancia. Por lo pronto aparece un número importante de congresistas y excongresistas implicados dentro de la tipificación hecha por la Fiscalía de los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, entre otras conductas ilícitas asociadas. Tendrán estos servidores públicos la oportunidad de hacer los descargos pertinentes, pero no podrá ese máximo tribunal tener un ritmo menor al que se ha venido demostrando en la Fiscalía y la Procuraduría.
Lo mismo se espera, por supuesto, de los otros ejes investigativos que vienen adelantando las autoridades competentes, en particular con respecto a las campañas políticas presidenciales. Ya el Consejo Nacional Electoral determinó la apertura formal de investigación a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, dentro de las pruebas aportadas por la Fiscalía al respecto de la furtiva participación de Odebrecht en la financiación de ella. En esa medida, cuando evidentemente se demostró que el caso no había prescrito, se espera la intervención del CNE para lo correspondiente en la campaña de la reelección presidencial. Al respecto, por igual, la Fiscalía viene indagando al representante legal correspondiente, Roberto Prieto, y ha prometido mostrar resultados al inmediato plazo, luego de también haber adelantado las pesquisas del caso.
De igual manera otro flanco de acción, como el caso de Navelena, en las licitaciones sobre el río Magdalena, y los créditos respectivos del Banco Agrario, requieren del cierre correspondiente. Mucho, ciertamente, es lo que vienen avanzando Fiscalía, Procuraduría y Contraloría en esta arista de las investigaciones, lo cual supone que se presenten noticias en estos días.
Interesa particularmente para el ataque contra la corrupción y la recuperación de la ética en el servicio público la acción por parte de los organismos competentes, más que cualquier otra circunstancia. El Estado colombiano, en la materia, viene demostrando con creces, gracias a la conducta del Fiscal, el Procurador y el Contralor, que se tiene el debido temple. El caso de la Ruta del Sol II y la adición de la vía Ocaña-Gamarra, donde también han sido llamados a declarar exmiembros del gabinete, están ya entre los grandes escándalos de corrupción de todos los tiempos. Por lo pronto, se llegó a la cifra extravagante e inconcebible de $84 mil millones en coimas en Colombia. Si esto es así, hasta ahora, el monto final será seguramente mucho más lesivo y abrumador, pese a que al principio se dijo que era apenas de US$11 millones, uno de los menores admitidos por la cuestionada multinacional en América Latina.
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