- Un año a bordo de Martínez Neira
- Recuperación de la Fiscalía como entidad
Mucho es, a no dudarlo, lo que se ha adelantado en la Fiscalía General de la Nación, al cumplir un año Néstor Humberto Martínez en cabeza del ente acusador. En ese lapso se pueden contar innumerables actuaciones, todas las cuales han puesto en alto a la entidad, cuya recuperación de credibilidad y eficacia están a la vista.
Hechos puntuales como los de Odebrecht han demostrado, a su vez, que la Fiscalía colombiana ha ido mucho más allá de lo inicialmente presupuestado, con las pruebas dadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ha sido, en buena medida, la actuación colombiana la que ha permitido, por su parte, develar el entramado, de mucha mayor profundidad, a los sobornos que inicialmente se dieron a conocer a la opinión pública. Hoy en día, por cuenta de la actividad acusatoria, muchos han sido los nuevos implicados y paulatinamente el escándalo ha llegado a las más altas esferas del Estado, teniendo al menos 15 vertientes de investigación diferenciadas. Mientras muchos se acogen al Principio de Oportunidad, la Fiscalía tiene un reto superlativo en desentrañar la gigantesca corrupción, cuyo fundamento ha estado en el delito de concierto para delinquir y lavado de activos.
A ello se suma el estruendoso caso de Reficar, sobre el cual ya hay avances considerables. Pero de la misma manera uno de los elementos más sorprendentes y desquiciadores ha sido el de constatar la corrupción en ciertos sectores de la misma entidad, cuya limpieza ha sido foco sustancial de Martínez Neira en estos doce meses. Día a día se sorprende con nuevas investigaciones, lo que demuestra que el Fiscal está en disposición de proteger a la institución de las manzanas podridas que la infectan.
De otro lado, el fiscal Martínez ha mostrado, de cara al país, las falencias de muchas cláusulas y leyes provenientes del Acuerdo entre el Gobierno Santos y las Farc. Sus advertencias han servido para poner a tono la legislación con la Constitución y para modificar lo que ha sido pertinente. No sólo es así en cuanto a los múltiples decretos emitidos por facultades extraordinarias, sino igualmente frente a la llamada Justicia transicional, actualmente pendiente de reglamentación en el Congreso, lo mismo que frente a la Ley de Amnistía en estudio en los altos tribunales nacionales. De la misma manera, ha sido Martínez Neira el funcionario más claro en advertir sobre la debacle en los índices de los cultivos ilícitos y el auge en la exportación colombiana de cocaína.
Así mismo, la tarea que viene adelantando la Fiscalía en torno a la corrupción en gobernaciones y alcaldías será motivo de depuración, en beneficio de la democracia regional y la recuperación de la confianza ciudadana.
Por todo lo anterior, diferentes expertos y analistas han dicho en estos días que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez es, sin duda, de las más serias en lo que se lleva desde su creación. No en vano, el país reconoce en aquel un jurista de altos quilates, cuyo propósito, por lo demás, ha sido el de incorporar el tracto financiero de los delitos y la devolución del dinero como uno de los objetivos principales, entre ellos, el resarcimiento de las Farc única y exclusivamente para las víctimas.
Dice la Constitución que la Fiscalía General de la Nación es, ante todo, la articuladora de la política criminal en el país. Si bien Martínez ha actuado, en este año, frente al descalabro de las realidades circundantes, es posible, por igual, que hacia adelante la Fiscalía se convierta, ciertamente, en la punta de lanza de la política criminal, cosa que nunca ha pasado.
Es sobre esa idea, precisamente, que Martínez Neira ha presentado un proyecto de ley para tratar de organizar el desorden evidente que existe respecto de lo anterior. La necesidad de una estrategia única, sin que el Ministerio de Justicia o el Congreso vayan por un lado y la Fiscalía por el otro, es un imperativo impostergable para el futuro del país. No son dables, ciertamente, leyes como la de la excarcelación intempestiva que actualmente está poniendo a peligrosos criminales en las calles. Tampoco son razonables leyes que suelen tener sendos “micos” camuflados en el extenso articulado.
Una única política criminal, dentro de la armonía y colaboración entre las diferentes ramas del poder público, es hoy el desafío principal de Martínez Neira. Habiendo, ciertamente, guardián en la institución, con un despliegue inusitado de operaciones y resultados fehacientes, es del mismo modo importante generar una sola política y que ella conste, no en infinidad de leyes, sino en un solo documento agregado. Sería una verdadera revolución que Martínez Neira así lo lograra.
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