Con apenas cinco meses en el poder, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tiene hoy una cita crucial en las urnas: la votación de un referendo y una consulta popular paralelas en las que la ciudadanía debe definir si avala o no una parte importante de su estrategia de combate a la delincuencia común y organizada, con medidas de alto impacto como la habilitación de las Fuerzas Militares para combatir las mafias y el narcotráfico sin que medie un estado de excepción, dar vía libre a la extradición de nacionales y un agravamiento de penas por terrorismo y delitos graves.

Aunque las encuestas de los últimos meses muestran que hay un apoyo mayoritario a esas medidas, sobre todo de cara a contener la escalada criminal desatada en enero por carteles del narcotráfico, bandas delincuenciales de alto espectro que dominan las cárceles y grupos mafiosos que buscan controlar las zonas portuarias y manejar desde el microtráfico hasta la extorsión urbanas, el escenario para la Administración Noboa no es el mejor.

Por un lado, todavía afronta una tormenta internacional por el ingreso de uniformados y funcionarios judiciales a la embajada de México en Ecuador para detener a un exvicepresidente procesado por corrupción, pero que se encontraba asilado en la delegación diplomática. Y, por otra parte, a nivel interno el país está sometido a un drástico racionamiento eléctrico, hay un pico de violencia en varias regiones (incluyendo el asesinato de dos alcaldes), la oposición trata de sacar provecho del difícil momento político gubernamental y los factores mafiosos están amedrentando a la población para que no asista a las urnas…

Noboa, considerado como el presidente con mayores índices de favorabilidad en Suramérica, sabe que un triunfo en las urnas no solo será un espaldarazo a su estrategia de seguridad y lucha contra la corrupción, sino que también a su corta pero complicada gestión.

Un revés electoral, como en su momento le ocurrió al entonces presidente Guillermo Lasso, lo dejaría muy debilitado en flancos claves y le daría alas a la izquierda correísta para, junto a los indígenas y otros sectores radicales, tratar de bloquear a la administración y disminuir sus posibilidades de optar por la reelección en el primer semestre de 2025, ya que su actual periodo es apenas por año y medio.