* Somos pacifistas por naturaleza

** El Procurador y el Fuero Militar

Al apelar  el Gobierno a la diplomacia y el diálogo con miras a negociar la paz  el clima político se afecta, así como  las relaciones sociales y se va gestando  un cierto disenso en medio de las expectativas y tensiones de las partes, como es natural en un sistema democrático. En cuestión de días o si se quiere de horas, desde cuando el presidente Juan Manuel Santos hizo el trascendental anuncio de conversar con la subversión armada, la oscilante opinión publica  cambia, basta mirar los diarios y escritos de los últimos días para ver cómo se multiplica  la hojarasca de comentarios sobre la paz,  que se suman a las declaraciones que abarcan a todos los medios y son recurrentes en la conversación diaria  de casi todas las gentes. Tal reacción espontánea  muestra que el colombiano es de naturaleza pacifica, no quiere la guerra. Y es apenas lógica esa reacción en cuanto el pueblo a lo largo de los años ha sido la  victima del conflicto, en ese inmenso charco de sangre en el cual han perdido la vida en más de medio siglo de lucha tantos inocentes y soldados al servicio de la Patria.  Hasta los más lerdos se dan cuenta de que los miles de millones que se han gastado en esa guerra, en armas, en reparar la infraestructura destruida, en inversiones que se perdieron por cuenta del conflicto, el detrimento del desarrollo nacional, son el más penoso testimonio de barbarie que deja la contienda fratricida, por cuenta de una minoría de seres so pretexto de tomar el poder para seguir un modelo revolucionario que se derrumbó en el mundo.

Una  simple ojeada del espectro social nos muestra que en un país con aproximadamente cincuenta millones de habitantes, son menos del  uno por ciento de la población los 7.000 o 10.000 milicianos de las Farc. Si seguimos analizando las cifras éstas muestran que son más las muertes en accidentes de tráfico que por cuenta de la violencia. Lo que no debe engañarnos, no es en definitiva el número de milicianos lo que decide la suerte en una guerra irregular o terrorista, es la capacidad de daño de la subversión. Lo que corroboran las cifras es que no somos una sociedad violenta, sino pacifista, sitiada por bárbaras minorías que no llegan ni al uno por cinto de los habitantes. Y para que la mayoría de colombianos pueda vivir en paz, cuando se tiene una geografía adversa, montañas y selvas en donde se agazapan los enemigos de la sociedad y un modelo político con notables falencias es necesario tener una Fuerzas Armadas capaces de combatir con eficacia los actuales y los futuros desafíos de los violentos.

Ya nos referimos hace unos días sobre la manifiesta inconstitucionalidad, dado el tenor de los artículos 271 y 250 de la Constitución vigente, de un convenio administrativo entre el ministro de Defensa del Gobierno de Álvaro Uribe y el Fiscal General de la época, quienes acordaron abolir  el Fuero Militar al trasladar la competencia castrense  a la Justicia civil. Por tanto, les corresponde al actual ministro de Defensa y al Fiscal General, acatar la Constitución, que obliga a todos los funcionarios del Estado colombiano sin excepción a cumplirla. El procurador, Alejando Ordóñez, ha reaccionado de inmediato y planteado el asunto desde el punto de vista jurídico y práctico para resolverlo. Como el convenio del 2006 transgrede la Constitución y la ley, dado que por vía de un acto administrativo no se puede disponer que la Fiscalía conozca principal y preventivamente de las investigaciones de posibles delitos cometidos “con ocasión de las operaciones propias  de las Fuerzas Militares”, ni  que los fiscales de la justicia ordinaria decidan si las investigaciones competen a la justicia ordinaria o la militar. Además, el procurador Ordoñez, recuerda que “la Constitución en su artículo 116 y la ley, establecen que la Justicia Penal Militar administra justicia y por tanto sus jueces son autónomos, en tanto un conflicto entre la Justicia Penal Militar y la Justicia ordinaria, únicamente puede resolverlo el Consejo Superior de Judicatura”. Los admonitorios planteamientos del Procurador deben alertar a todos los funcionarios públicos para resolver el entuerto de la abolición del Fuero Militar en medio del conflicto armado, acuerdo administrativo que  viola la  Constitución y linda con lo  demencial.