* Nuevo Ministro de Hacienda
* El equilibrio de los derechos
El nombramiento del economista especializado en finanzas, y saliente ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Restrepo, en la cartera de Hacienda abre un compás para lograr la concertación del componente social que se requiere tributariamente para financiar la renta básica del Ingreso Solidario, la educación superior pública gratuita para estratos 1, 2 y 3, así como la devolución del IVA a los sectores más pobres y la protección al empleo, que pretende el gobierno Duque.
No obstante, así el nombramiento sea de buen recibo, desde el punto de vista técnico y gracias al talante conciliador que tiene el nuevo titular de Hacienda, tendrá ello que acompañarse con una amplia habilidad política y de la acción del resto del gabinete con el fin de conseguir las mayorías parlamentarias. Bajo esa premisa es imprescindible la definición de las posiciones de las bancadas y la dirección de los partidos sobre la concertación que se busca.
Como bien lo ha dicho el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, se requiere un ajuste fiscal simple, rápido y serio. Y en ello es indispensable que se tenga claro que poco se puede hacer en torno al tema si al mismo tiempo no existe un panorama de estabilidad en materia de seguridad y orden público en todo el país. Así como hay que precaver la protección del derecho a la libre reunión y asociación, también llamado de protesta social, el mismo nivel de exigencia tienen los demás derechos garantizados en la Constitución para el resto de la ciudadanía que no participa de las movilizaciones. El derecho a la protesta no es exclusivo ni excluyente de los demás derechos. Basta, pues, con aplicar la Carta Política.
Como hemos dicho en editoriales anteriores, el panorama para alcanzar un consenso no es el mejor, más si no se logra una mayoría contundente en el Parlamento. De nada valdría un ajuste tributario con apoyos exiguos, que a la larga no contarían con una fuerza suficiente para legitimar ante todo el país los propósitos sociales y necesarios de la reforma. En esa vía es indispensable que el Presidente lidere la concertación, puesto que hoy las circunstancias parecen haber desbordado el propio nivel ministerial. De hecho, son las jefaturas de los partidos las que están en el juego y no solamente las bancadas parlamentarias.
Por lo mismo deben ser convocados no solo los sectores oficialistas e independientes sino otros que concuerdan con el Gobierno en las salidas de ajuste tributario para el componente social, tal y como lo hizo en una carta pública la coalición que apoya al candidato Sergio Fajardo.
De igual manera, es indispensable que se evalúen las ideas que han puesto sobre la mesa el Consejo Gremial así como importantes centros de estudios y análisis económicos como Anif y Fedesarrollo, entre otros. Tampoco estaría demás que se reexaminen las recomendaciones de la misión de expertos convocada para los efectos, con el fin de aplicar al nuevo proyecto algunas de sus conclusiones. El Jefe de Estado también abrió la puerta a que otros sectores aporten en este nuevo proceso.
Es indudable que la decisión del Gobierno de no aplicar cambios en el IVA como tampoco en la ampliación de la base del impuesto de renta acelerará la búsqueda de esos acuerdos básicos sobre las fuentes de recursos para financiar el componente social prioritario y seguir asistiendo a las millones de familias que han sido fuertemente golpeadas por la pandemia.
Como hemos insistido, en caso de no llegarse a un consenso en el corto plazo, hay otras alternativas a estudiar, como un mayor endeudamiento, gestionar un crédito del Banco de la República, acelerar la enajenación de activos, ajustar el plan de inversiones del presupuesto nacional y profundizar el recorte al gasto público.
Lo importante es que este esfuerzo por consensuar una nueva reforma debe partir de la voluntad de todos los convocados para, actuando sobre las realidades fiscales inocultables, buscar una fórmula equilibrada y progresiva que permita asegurar el apoyo a los más desvalidos en medio de la crisis más grave de las últimas décadas, sin que ello implique, en modo alguno, disparar a niveles insostenibles el déficit de las finanzas públicas o ahogar al sector privado y bloquear el dinamismo productivo de la lenta pero sostenida reactivación.
Estamos conscientes de que nada de ello será fácil. Sin embargo, la emergencia sanitaria y su duro impacto social y económico no dan espera. Varios de los subsidios y programas asistenciales creados por el Gobierno están quedándose sin rubro presupuestal cierto.
No es momento de reservas ni de cálculos políticos de una u otra índole. La responsabilidad y el principio de solidaridad exigen tomar las decisiones en el aquí y ahora.