La dictadura venezolana continúa desafiando a la comunidad internacional. Al incumplimiento de sus compromisos para gestionar ante el cooptado aparato judicial la habilitación política de los dirigentes políticos y la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, se suma que el régimen continúa apresando a todas las voces críticas de la satrapía chavista.

La última víctima fue la experta en asuntos militares y reconocida contradictora de la dictadura madurista, Rocío San Miguel. Según la oposición, la prensa independiente y varias organizaciones no gubernamentales, la activista fue capturada por las autoridades al servicio del régimen cuando se disponía a salir del país el pasado viernes por el aeropuerto Simón Bolívar, de Caracas.

La detenida es una figura con mucho reconocimiento en el vecino país, al punto que en 2018 ganó una demanda contra el régimen chavista al que acusó de violación de sus derechos políticos y de expresión luego de ser despedida de una entidad oficial por apoyar en 2003 el referendo revocatorio en contra del entonces presidente Hugo Chávez.

A San Miguel las autoridades de la dictadura la acusan de estar involucrada en una presunta conspiración para atacar una base militar en el estado Táchira, en la frontera con Colombia, para tomar armas y asesinar a dirigentes del chavismo. Se trata de un montaje judicial similar al que el chavismo implementa para perseguir a sus contradictores.

De hecho, en las últimas semanas se han incrementado las detenciones de líderes de la oposición y críticos del régimen bajo el supuesto de estar incursos en complot contra el Gobierno. Es más, en días pasados el propio Nicolás Maduro volvió a hablar de supuestos planes para asesinarlo, tras lo cual indicó que su gobierno será reelegido en el segundo semestre de este año, sea como sea.

La detención de San Miguel, sobre la cual las autoridades de la dictadura mantenían ayer completo silencio, generó una serie de protestas en Venezuela y a nivel internacional. Varias ONG y dirigentes de la oposición denunciaron su captura ilegal y exigieron su liberación inmediata. Llamaron a Estados Unidos, Naciones Unidas, la OEA y demás gobiernos a presionar a la dictadura para que suelte a los presos políticos.

Cada vez queda más claro que el régimen chavista se está radicalizando, no solo para impedir elecciones libres este año, sino para anular de manera ilegal todo foco de crítica y oposición. Todo ello mientras la comunidad internacional permanece pasiva.